El Senado de la Nación comenzó este miércoles el debate del proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, luego de que el oficialismo alcanzara un acuerdo de último momento con la Unión Cívica Radical, el PRO y partidos provinciales que permitió destrabar la discusión en la Cámara alta.

La versión definitiva del texto, que será votada desde las 11 en sesión extraordinaria, incorpora 28 modificaciones respecto del proyecto original y será girada a Diputados en caso de obtener la media sanción -1-3. El Gobierno confía en contar con los votos suficientes para superar el primer escollo legislativo en medio de una jornada marcada por la protesta gremial convocada por la CGT y las dos CTA en las puertas del Congreso.

Los 28 cambios que reconfiguraron la reforma

Las modificaciones introducidas durante las negociaciones de las últimas semanas reordenaron el equilibrio interno del proyecto y respondieron, en distinta medida, a los reclamos de gobernadores, sindicatos y sectores del empresariado.

Uno de los giros más significativos fue la eliminación del artículo que reducía del 30% al 27% la alícuota del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas. La medida, que afectaba la coparticipación federal, había sido el principal punto de fricción con los mandatarios provinciales y su exclusión allanó el camino para el acuerdo en el Senado.

En materia de salud y financiamiento sindical, el Gobierno dio marcha atrás con dos puntos centrales del proyecto original. Se descartó la baja del 6% al 5% de las contribuciones patronales a obras sociales y se eliminó la disposición que habilitaba a los empleadores a actuar como agentes de retención de cuotas sindicales bajo condiciones específicas, lo que fue interpretado como un gesto hacia la CGT.

El sistema de pagos también sufrió modificaciones. Pese a que el proyecto original habilitaba el pago de salarios a través de billeteras virtuales, el texto definitivo confirmó la bancarización y excluyó a las fintech, en respuesta a los planteos del sector bancario.

Financiamiento sindical y aportes empresarios: el punto de mayor controversia

El capítulo destinado a los aportes previstos en convenios colectivos concentró las tensiones más álgidas entre las distintas cámaras empresarias. El texto final establece un tope del 0,5% de las remuneraciones para contribuciones a cámaras y asociaciones de empleadores, y del 2% para asociaciones de trabajadores.

La principal concesión del oficialismo consistió en postergar hasta el 1 de enero de 2028 la entrada en vigencia del carácter voluntario de esos aportes, tanto para empleadores como para trabajadores. A partir de esa fecha, el pago requerirá consentimiento individual expreso, sin presunción de aceptación.

La decisión reavivó la controversia dentro del empresariado. Cámaras como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) habían advertido sobre los efectos que tendría la eliminación de esos mecanismos en la representación empresaria y en el equilibrio de las paritarias -2-4. En cambio, entidades como la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) y la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (Camima) celebraron originalmente la eliminación de los aportes compulsivos y cuestionaron la marcha atrás del Gobierno.

Fondo de Asistencia Laboral y nuevo esquema indemnizatorio

El proyecto crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un patrimonio separado, inembargable y de afectación específica destinado a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias.

La contribución mensual a cargo del empleador quedó fijada en el 1% de la base salarial para grandes empresas y en el 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas. El Poder Ejecutivo podrá incrementar esos porcentajes hasta 1,5% y 3% respectivamente, con aprobación de la Comisión Bicameral correspondiente.

En paralelo, se redefine el cálculo de la indemnización por despido sin causa. El texto establece que la indemnización será la única reparación posible y acota el concepto de "mejor remuneración" a lo mensual, normal y habitual, con exclusión expresa del Sueldo Anual Complementario, vacaciones y otros conceptos no mensuales.

La actualización de créditos laborales quedará sujeta a un esquema de IPC más 3% anual, en reemplazo de mecanismos anteriores.

Estatutos profesionales, INCAA y servicios esenciales

En un cambio sustancial respecto del borrador original, la derogación de los regímenes especiales —entre ellos el Estatuto del Periodista Profesional, el del Viajante de Comercio y la ley de Teletrabajo— no será inmediata. El proyecto otorga un plazo de 180 días desde la sanción de la ley para que sus contenidos sean incorporados a convenios colectivos de trabajo.

El financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) también sobrevivió a los recortes. La versión final establece que, a partir del 1 de enero de 2028, el organismo será financiado exclusivamente a través de las partidas de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, pero no se avanzó en su eliminación ni desfinanciamiento inmediato.

En materia de conflictos colectivos, se incorporaron como servicios esenciales en sentido estricto el cuidado de menores en niveles guardería, preescolar, primario, secundario y especial; el transporte de caudales; y los servicios privados de seguridad y custodia. Para estos sectores, las fuerzas de seguridad no podrán brindar una cobertura inferior al 100% de la prestación normal.

Régimen de formación, inversiones y reforma fiscal

El proyecto incorpora dos nuevos regímenes de incentivo. El Régimen de Incentivo para la Formación Laboral (RIFL) promueve programas de capacitación, empleabilidad y reconversión profesional, y eleva la formación profesional a rango de derecho fundamental -1-8. Por su parte, el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI) apunta a estimular inversiones productivas en tecnología y expansión.

Adicionalmente, el texto incluye un compromiso del Poder Ejecutivo para presentar un proyecto de ley de reforma fiscal integral que impulse acuerdos entre Nación y provincias con el objetivo de reducir las cargas tributarias.

Lo que viene: sesión en el Senado y próximo paso en Diputados

La sesión especial se desarrolla desde las 11 en la Cámara alta. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, expresó su confianza en la aprobación del proyecto y aseguró contar con "una buena cantidad de votos".

La discusión se replica en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo enfrenta mayores desafíos numéricos. Una eventual media sanción en el Senado habilitaría el giro del expediente a la Cámara baja, que debería tratar el proyecto antes del cierre del período de sesiones extraordinarias. El Gobierno ya anticipó que, en caso de obtener la aprobación legislativa, el objetivo es publicar la ley durante el primer trimestre de 2026.