A once años exactos de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la investigación judicial refuerza su avance sobre una de las líneas más sensibles del expediente: la actuación de agentes de inteligencia del Ejército que estuvieron en las inmediaciones de su departamento de Puerto Madero durante el fin de semana del crimen. Para los investigadores, ya está probado que se trató de un asesinato vinculado directamente a su función como denunciante del Memorándum con Irán y del atentado a la AMIA.

Nisman fue encontrado sin vida con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento en el complejo Le Parc el domingo 18 de enero de 2015, horas antes de presentarse en el Congreso para revelar detalles de su denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios por presunto encubrimiento del ataque terrorista de 1994, que dejó 85 muertos.

En los últimos meses, al menos 15 agentes del área de inteligencia militar operativa en 2015 prestaron testimonio como testigos con identidad reservada. El foco de los investigadores, a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano y coordinados por el auxiliar Hernán Kleiman, se concentra en un grupo más reducido cuyos teléfonos celulares fueron geolocalizados en la zona de Puerto Madero ese fin de semana crítico.

Según fuentes judiciales consultadas, se sospecha que estos agentes, cuanto menos, realizaban “inteligencia interna prohibida por ley”. La hipótesis central apunta a que sectores de inteligencia militar habrían actuado fuera de sus funciones legales tras las acusaciones presentadas por Nisman. Hasta el momento, ninguno de estos agentes ha sido convocado a declarar en carácter de imputado.

La investigación también avanza en una segunda línea sobre responsabilidades políticas, donde se esperan novedades en el primer semestre de este año. Los fiscales sostienen que existió un “plan criminal” para “desviar la atención de la hipótesis homicida” y que fue “esencial una investigación que no profundizara” en las circunstancias de la muerte. Como punto de partida para nuevas imputaciones, está programada para fines de febrero la declaración indagatoria de la ex fiscal Viviana Fein, quien tuvo a cargo la investigación inicial en el fuero criminal ordinario.

Para los investigadores, el atentado a la AMIA, la firma del Memorándum con Irán y el crimen de Nisman forman parte de una misma matriz. Afirman que “está plenamente probado que hubo acciones destinadas a impedir que se investigara” la muerte del fiscal, incluyendo tareas de inteligencia ilegal ordenadas desde la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que conducía Oscar Parrilli, sobre la propia fiscalía investigadora.

La causa, que avanza sin querella particular ante el juez federal Julián Ercolini, ha enfrentado durante años obstrucciones y falta de cooperación institucional. En 2018, la Cámara Federal avaló la hipótesis del homicidio y descartó el suicidio, basándose en pericias de Gendarmería Nacional. No obstante, a once años del hecho, aún se desconoce la identidad de los ejecutores y de quienes lo habrían ordenado.

Hasta ahora, el único procesado en relación directa con los hechos es el técnico informático Diego Lagomarsino, como supuesto partícipe por ser dueño del arma homicida. También están imputados por descontrol y falta de preservación de la escena la ex fiscal Fein, el ex ministro de Seguridad Sergio Berni, su ex segundo Darío Ruiz, y los entonces jefes de la Policía Federal y Prefectura.

La investigación continúa intentando dilucidar, entre otros puntos, por qué la noche del hallazgo del cuerpo se dio aviso al fuero criminal ordinario y no al fuero federal, siendo Nisman un fiscal federal que investigaba un atentado terrorista y había denunciado al gobierno. La competencia federal se definió recién en septiembre de 2016 por una decisión de la Corte Suprema de Justicia.