El acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, una alianza que engloba el 25% del PIB mundial y un mercado de 780 millones de personas, enfrenta un escenario crítico de ratificación y adaptación técnica para materializar su potencial transformador, según un informe de la consultora LLYC.

El estudio “Entre la apertura y la competitividad: perspectivas comerciales del Acuerdo UE–Mercosur” analiza el contexto político, las oportunidades y los riesgos de este hito birregional. Las previsiones indican que el acuerdo, una vez en vigor, implicaría un aumento del comercio entre las dos regiones cercano al 40%. En 2024, el intercambio de bienes ya superó los 111.000 millones de euros, con exportaciones de la UE al Mercosur por 55.200 millones e importaciones por 56.000 millones.

El informe destaca que el pacto eliminará o reducirá más del 90% de los aranceles bilaterales. Para el Mercosur, esto significa un acceso preferencial para su agroindustria y minerales críticos. Para la UE, las empresas podrían ahorrar hasta 4.000 millones de euros anuales en derechos de aduana, beneficiando a sectores como la automoción, maquinaria y productos químicos. Además, se estima que los flujos de Inversión Extranjera Directa europea en la región podrían duplicarse, ofreciendo un marco normativo más previsible.

Sin embargo, el documento identifica “cuellos de botella” significativos. Las empresas del Mercosur deberán adaptarse a estándares europeos extremadamente rigurosos en materia ambiental, de trazabilidad y derechos laborales, lo que requerirá inversiones adicionales. La apertura arancelaria también aumentará la presión competitiva para manufacturas del Mercosur y para el sector agroalimentario europeo.

La incertidumbre en la ratificación persiste como un obstáculo mayor. En Europa, países como Francia, Polonia o Austria mantienen su oposición, impulsada por el temor de sus sectores agrícolas. Para evitar retrasos, se ha propuesto un Acuerdo Interino (iTA) que permitiría aplicar la parte comercial a partir de 2026, previa aprobación parlamentaria y ratificación. No obstante, el informe advierte que en el Mercosur, al carecer de una institucionalidad supranacional fuerte, el rechazo de un solo miembro podría impedir la entrada en vigor para todo el bloque.

Frente a este panorama, el informe de LLYC recomienda a las empresas una estrategia proactiva de adaptación. Esto incluye el monitoreo constante del entorno legislativo, un análisis competitivo para identificar nuevos nichos, y la adaptación operativa para cumplir con los estándares. La modernización tecnológica y la integración de la sostenibilidad como eje central se presentan como pasos ineludibles.

“El éxito del acuerdo no se definirá únicamente en los Parlamentos, sino en la respuesta estratégica de los actores económicos para convertir esta apertura en inversión e innovación”, aseguró Juan Ignacio Di Meglio, director senior de Asuntos Corporativos de LLYC en Argentina y autor del informe.

En resumen, el acuerdo representa una oportunidad histórica de acceso a mercados sofisticados bajo reglas más claras, pero exige a las empresas una agenda profunda de adaptación en competitividad, sostenibilidad, trazabilidad y certificaciones.