La Legislatura de Tucumán analiza un Proyecto de Ley que establece un riguroso "Régimen de Integridad y Lucha Contra la Corrupción - Ficha Limpia", que presenta una novedad sustancial: es la primera iniciativa de esta naturaleza impulsada desde la bancada oficialista del Partido Justicialista. El legislador Gerónimo Vargas Aignasse es el autor de la propuesta, que marca un quiebre con la tradición parlamentaria, donde proyectos similares habían provenido históricamente de la oposición y no lograron avanzar.

La iniciativa oficialista introduce dos elementos centrales que la diferencian de un proyecto previo del Poder Ejecutivo. El primero es la inhabilitación para ser precandidato o candidato ante una condena penal en primera instancia, dictada en un juicio oral y público. El segundo es la pérdida automática del mandato para funcionarios electivos, pero solo cuando exista una condena confirmada por un tribunal de segunda instancia, criterio conocido como "doble conforme".

El detalle de la iniciativa y su fundamento

El texto del proyecto es taxativo en su objetivo: impedir el acceso a cargos públicos electivos o de alta función política a personas con una condena en primera instancia por delitos graves. Según sus fundamentos, la ley busca responder a un reclamo social de elevar los estándares éticos de la dirigencia.

"La ciudadanía reclama -y con razón- que quienes aspiran a ejercer responsabilidades institucionales relevantes demuestren no solo capacidad técnica, sino también una trayectoria moral intachable", sostuvo Vargas Aignasse, vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Cámara.

El catálogo de delitos inhabilitantes es específico y se limita a casos de extrema gravedad, excluyendo delitos culposos o de menor entidad. Incluye delitos contra la Administración Pública, integridad sexual, narcotráfico, trata de personas, homicidios dolosos, secuestro extorsivo, tortura, criminalidad organizada, terrorismo y delitos de lesa humanidad.

Mecanismos de aplicación y estándares

El proyecto justifica el uso de la condena en primera instancia para la inhabilitación argumentando que no se trata de una mera imputación, sino del resultado de un "debate contradictorio, de pruebas producidas y valoradas en audiencia pública". Para garantizar su cumplimiento, establece un mecanismo de doble verificación: una declaración jurada del aspirante y una certificación judicial obligatoria que la Junta Electoral deberá requerir al Poder Judicial.

Respecto a la pérdida del mandato de un funcionario ya electo, el texto es más cauteloso y exige el "doble conforme", es decir, una sentencia condenatoria confirmada por un tribunal de alzada, con el fin de respetar el derecho al recurso.

En sus conclusiones, el legislador oficialista enfatizó el carácter protector de la norma: "La finalidad de esta ley no es punitiva; es protectora. Protege la confianza pública, fortalece las instituciones y eleva los estándares de conducta".