Con varios integrantes del Gabinete nacional aún de vacaciones, la mesa política del presidente Javier Milei no ha logrado aún consensuar la estrategia para conseguir los apoyos necesarios que permitan aprobar la Reforma Laboral durante la segunda mitad del período de sesiones extraordinarias.

Dentro del Poder Ejecutivo existen posiciones divergentes. Un sector importante, que incluye a la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, se muestra dispuesto a escuchar observaciones de los actores que mantienen reparos con el proyecto diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para instrumentar cambios menores. “Si no modifica el espíritu de la reforma, podemos conversar”, admitió un funcionario involucrado en las negociaciones.

Esta postura, sin embargo, encuentra resistencia en otros actores del círculo íntimo del Presidente, quienes sostienen que el articulado ya fue sometido a cambios durante su redacción. “Es un proyecto de consenso. No veo margen para más modificaciones”, expresó una fuente calificada.

Para analizar las objeciones, funcionará durante la segunda semana de enero en el Senado un equipo a cargo de la abogada Josefina Tajes. Además, los senadores tienen previsto debatir la temática el 26 de enero, con la intención de dar lugar al tratamiento legislativo en los primeros días de febrero.

La tarea de lograr que las diversas posturas converjan en una estrategia conjunta recaerá en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Los principales operadores legislativos serán Patricia Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con el apoyo del armador político Eduardo “Lule” Menem y del ministro del Interior, Diego Santilli. Precisamente, Santilli viajó este miércoles a Chubut para entrevistarse con el gobernador Ignacio Torres, dando inicio a una ronda de visitas por el interior con el objetivo de avanzar en los acuerdos para la sanción de la ley.

Desde el Gobierno han detectado que los puntos más resistidos del proyecto son el capítulo tributario y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que propone una contribución obligatoria de los empleadores del 3% de la remuneración bruta de sus trabajadores.

Con tiempo limitado antes de la segunda mitad de las sesiones extraordinarias de febrero, la administración deberá ordenar sus prioridades y alinear el discurso si pretende conseguir un nuevo triunfo legislativo.