El Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo de Edmundo Jiménez, obtuvo un incremento de crédito presupuestario por $560 millones destinado a cubrir el pago de sueldos de su personal para el cierre del ejercicio 2025. La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 3208/3, firmado por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y el secretario de Hacienda, Adrián Dicker.

Según consta en el artículo 1° del decreto, los $560 millones fueron extraídos de la Jurisdicción 50 – Obligaciones a Cargo del Tesoro. Con estos fondos se incrementaron las partidas del MPF dentro de la Jurisdicción 05, Programa 11: $360 millones se destinaron a la Actividad 01 – Ministerio Público Fiscal – Capital; $100 millones a la Actividad 02 – Concepción; y $100 millones a la Actividad 03 – Monteros. El documento especifica que todos los fondos están asignados a la partida “Retribución del Cargo”.

La fundamentación del decreto señala que el pedido del MPF responde a “la necesidad de atender el pago de sueldos de los agentes dependientes del organismo, hasta la finalización del presente ejercicio presupuestario”. Para avalar la medida, se tuvieron en cuenta las disposiciones del decreto 292/3(ME)-2008 y los informes de las áreas técnicas y legales, además del “Dictamen Fiscal del 21 de octubre de 2025”.

Este refuerzo presupuestario se produce en un período de exposición pública para la gestión de Jiménez. En los últimos meses, diversos sectores políticos y sociales han formulado cuestionamientos al organismo. Legisladores de bloques opositores e incluso un representante del oficialismo han reclamado mayor transparencia y controles internos. Asimismo, se han registrado reclamos de familiares de víctimas y organizaciones civiles por demoras en trámites y causas complejas, y se han señalado decisiones fiscales controvertidas que motivaron pedidos de revisión institucional.

El decreto aclara que la reasignación de crédito es estrictamente para la partida salarial y no contempla otros gastos operativos, con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa de las unidades fiscales en un contexto de presión financiera para las áreas del Estado provincial.