Una denuncia penal presentada ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana (UFDT) pone formalmente bajo la lupa el accionar de autoridades de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán y de la ex ministra de Desarrollo Social, a quienes se les atribuye la posible comisión de los delitos de peculado y asociación ilícita, en el marco de un presunto desvío masivo de bienes públicos destinados a la asistencia social.

La presentación fue realizada por Claudia Alejandra Álvarez, patrocinada por los abogados Camilo Atim y Florencia Abdala, en la causa caratulada “Díaz José César, Ledesma Hugo Guillermo, Málaga Barros Sosa Lorena Luz María y otros s/ asociación ilícita y peculado”. La denuncia apunta, entre otros, al interventor de la Caja Popular José César Díaz, al ex subinterventor y actual legislador provincial Hugo Guillermo Ledesma, a la ex ministra de Desarrollo Social Lorena Luz María Málaga Barros Sosa y a varios agentes y particulares vinculados a la operatoria.

Según el escrito, el caso tendría su origen en lo detectado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia en el Acuerdo 5140, de fecha 10 de noviembre de 2025, y su ampliación en el Acuerdo 5184, del 11 de noviembre de 2025, ambos dictados en el marco del expediente 2229-270-CFG-24. Allí se habría dado por concluida una comprobación sumaria sobre órdenes de autorización de entrega de mercadería emitidas durante 2023 por el Ministerio de Desarrollo Social, destinadas originalmente a personas en situación de vulnerabilidad, pero que habrían sido canalizadas a través de la Caja Popular de Ahorros (CPA).

El eje de la denuncia: subsidios sociales desviados vía Caja Popular

De acuerdo con la denuncia, el Tribunal de Cuentas habría constatado que el Ministerio de Desarrollo Social otorgó y distribuyó subsidios en especie —alimentos básicos, muebles, chapas, camas cuchetas, mesas y sillas— a través de la Caja Popular de Ahorros, una entidad cuya función institucional es ajena a la asistencia social directa. Lo central del planteo es que todo ello se habría hecho sin convenio vigente ni marco normativo que habilitara a la Caja a recibir o administrar esos bienes.

El documento señala que los entonces funcionarios y agentes de la CPA —José César Díaz (interventor), Hugo Ledesma (ex subinterventor y hoy legislador), Jorge Alberto Garay y Flavio Gerardo Corres— habrían sido quienes solicitaron y gestionaron ante la entonces ministra Lorena Málaga la entrega de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social. Además, se menciona que la operatoria se habría realizado en violación del Decreto 2348/4-MDS-2010, ya que no se habría acreditado la documentación exigida: notas de pedido legítimas, identificación de beneficiarios finales ni constatación socioeconómica de las personas destinatarias.

La denunciante destaca que, según los acuerdos del Tribunal de Cuentas, las entregas se habrían instrumentado mediante 12 Órdenes de Autorización (ODA) emitidas durante 2023. En todas ellas figuraría la Caja Popular de Ahorros como beneficiaria de bienes tales como arroz, fideos, harina, leche en polvo, lentejas, puré de tomate, yerba, azúcar, aceite, además de chapas sinusoidales, camas cuchetas, mesas y sillas plásticas.

En cada ODA se habrían identificado, por un lado, funcionarios de la Caja como solicitantes (Díaz, Ledesma, Garay, Corres) y, por otro, a particulares como Luis Enrique Carranza, Carlos Emilio Nallib Budeguer y Julio Bernardo Naser como responsables del retiro físico de la mercadería en los depósitos del Estado. Para la denunciante, esta estructura mostraría un esquema “organizado y coordinado” de extracción de bienes públicos fuera del circuito social formal.

El monto del presunto perjuicio

El escrito sostiene que el accionar denunciado habría generado un perjuicio patrimonial al Estado de $26.791.604,22, monto actualizado al 31 de enero de 2025, correspondiente al valor de los bienes desviados. Ese cálculo surge, según se detalla, del análisis contable efectuado en la auditoría del Tribunal de Cuentas en el expediente 2229-270-CFG-24, que la denunciante incorpora como prueba documental central.

La presentación remarca, además, que en las actuaciones del Tribunal se habría observado una “total falta de trazabilidad, control y justificación” del destino final de la mercadería, lo que incluiría la ausencia de registros claros que permitan verificar si los bienes llegaron efectivamente a personas en situación de vulnerabilidad o si se utilizaron para otros fines.

Peculado y asociación ilícita: la calificación penal que se impulsa

En el plano jurídico, la denuncia pide investigar la posible comisión de peculado (art. 261 del Código Penal) y asociación ilícita (art. 210). Sobre el primer delito, el escrito sostiene que los bienes involucrados —los “efectos” en términos de la norma— serían propiedad del Ministerio de Desarrollo Social y estaban bajo la órbita de la entonces ministra Lorena Málaga, en su carácter de funcionaria pública. La “sustracción”, siempre según la denunciante, se configuraría en la salida irregular de esos bienes de la esfera estatal, sin acreditar un destino social legítimo y con el consiguiente daño patrimonial.

En cuanto a la asociación ilícita, la presentación plantea que los funcionarios de la Caja, la ex ministra y los particulares identificados habrían integrado una “organización estable” con reparto de roles: quienes solicitaban formalmente las mercaderías, quienes intervenían desde el Ministerio autorizando las entregas y quienes se encargaban del retiro físico. Esa presunta estructura, para la denunciante, encajaría en la figura de una banda destinada a cometer delitos contra la administración pública.

Allanamientos, secuestro de celulares y pedido de detención

Además de la promoción de la acción penal, la denunciante solicita una batería de medidas de coerción: allanamientos en los domicilios particulares de los imputados y en las sedes de la Caja Popular de Ahorros, con el fin de secuestrar documentación vinculada a la operatoria y los teléfonos celulares de todos los denunciados, por considerar que allí podrían encontrarse comunicaciones y registros relevantes para reconstruir la supuesta coordinación del plan.

Sobre la base del artículo 234 del Código Procesal Penal, el escrito también pide que el Ministerio Público Fiscal requiera ante el Colegio de Jueces la detención de Díaz, Ledesma, Garay, Corres, Carranza, Naser, Budeguer y Málaga. Para justificar la medida, se invocan dos riesgos: peligro de fuga, por la presunta capacidad económica de los acusados para abandonar la provincia o el país, y riesgo de entorpecimiento de la investigación, dado el poder político y gremial que se les atribuye.

En ese punto, la denuncia menciona el rol de La Bancaria —el gremio bancario— y recuerda declaraciones públicas de Ledesma en el ámbito legislativo, así como movilizaciones sindicales en otras causas, como ejemplo de la presunta capacidad del sector para incidir sobre el relato de testigos y en la agenda judicial. Esos antecedentes son presentados como indicios del poder de presión que, según la denunciante, podría ponerse en juego en este expediente.

Por ahora, se trata de una denuncia penal que abre la vía para la investigación. Será la Fiscalía quien deberá evaluar la verosimilitud de los hechos relatados, impulsar medidas probatorias, y eventualmente formular o no cargos formales contra los señalados.

El caso, sin embargo, podría convertirse en uno de los expedientes más sensibles del mapa político y administrativo de Tucumán, ya que combina el manejo de recursos de asistencia social, el rol de un organismo financiero estatal como la Caja Popular, la actuación del Ministerio de Desarrollo Social y las conclusiones de un órgano de control como el Tribunal de Cuentas, todo bajo la lupa penal por presuntos actos de corrupción y organización delictiva en perjuicio del erario público.