El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) interpuso una denuncia penal ante la Justicia federal por una presunta maniobra de defraudación que habría causado un perjuicio económico de miles de millones de pesos, cuyo monto final se encuentra aún bajo determinación.

De acuerdo con fuentes del organismo, la estructura delictiva operaba mediante tres mecanismos centrales: la emisión de órdenes médicas electrónicas falsas, la facturación sin respaldo de servicios y la utilización irregular de datos personales de afiliados. La presentación judicial se produjo como resultado de auditorías internas iniciadas el año pasado, las cuales detectaron irregularidades sistemáticas y sostenidas en el tiempo.

Los investigadores documentaron casos específicos en los que profesionales del sistema cargaban y cobraban por órdenes médicas electrónicas correspondientes a supuestas atenciones que, según se verificó, nunca fueron brindadas a los afiliados. Esta operatoria evadía por completo los protocolos de supervisión y control establecidos.

Tras identificar indicios de delitos contra la administración pública, los auditores elevaron la información al Ministerio Público Fiscal para su investigación. En forma paralela a la acción judicial, PAMI implementó un conjunto de nuevas medidas de control, que incluyen un sistema actualizado de trazabilidad de prestaciones, monitoreo permanente de la actividad de los prestadores, la obligatoriedad del uso del turnero digital y una auditoría continua sobre el comportamiento de los profesionales dentro de la red de servicios.

Este caso se enmarca en antecedentes revelados públicamente. En mayo de 2024, el Gobierno ya había informado sobre irregularidades graves en el organismo, mencionando la existencia de recetas falsas, órdenes dudosas y gastos administrativos desmedidos, una situación que, según señaló en su momento la Casa Rosada, había dejado a la institución “al borde de una debacle financiera”. En aquella oportunidad, el vocero presidencial Manuel Adorni utilizó los términos “despilfarro” y “desidia” para describir la gestión anterior del organismo.

Con la presentación judicial, PAMI busca que la Justicia federal esclarezca el alcance total de la defraudación, determine las responsabilidades penales correspondientes y desarticule un circuito que, según las evidencias recogidas, perjudicaba tanto la situación financiera del instituto como a miles de jubilados afectados por el uso indebido de sus datos personales.