El Gobierno nacional se prepara para publicar en el Boletín Oficial, durante el mes de diciembre, los pliegos de licitación para la privatización total de Belgrano Cargas y Logística S.A., la empresa estatal que opera la red ferroviaria de carga más extensa del país, con más de 7.600 kilómetros de vías distribuidas en 17 provincias.

Fuentes oficiales de la Casa Rosada confirmaron a Infobae que la documentación se encuentra "casi lista", con el objetivo de lanzar el proceso antes de fin de año. El modelo de privatización, establecido por el Decreto 67/2025, será mediante un proceso de "desintegración vertical", lo que implica la venta y concesión por separado de los distintos activos de la compañía.

El esquema de la privatización

El plan oficial divide la empresa en tres componentes principales. El material rodante (locomotoras y vagones) será vendido mediante remate público; las vías férreas y los inmuebles aledaños serán concesionados mediante licitaciones públicas bajo el régimen de obra pública; y los talleres ferroviarios también serán concesionados para su uso. Los fondos obtenidos de la venta del material rodante se destinarán a un fideicomiso para financiar obras en las vías.

Una fuente oficial explicó que este esquema busca evitar la formación de un monopolio privado. El modelo establece una concesión de infraestructura de acceso abierto, obligando al concesionario a permitir el paso a todos los operadores que deseen transportar carga por esas vías. Las tierras y las vías continuarán siendo propiedad del Estado nacional.

Los potenciales oferentes

Según pudo conocerse, tres grandes grupos empresarios han manifestado interés en los segmentos principales. Un pool de compañías cerealeras liderado por Aceitera General Deheza (AGD) y acompañado por ACA, Bunge, Cargill, COFCO y Louis Dreyfus; la compañía minera británica Río Tinto; y el Grupo México Transportes (GMXT), que opera ferrocarriles en México y Florida, y estima una inversión de 3.000 millones de dólares en el país.

El Gobierno prevé que el proceso licitatorio se extienda hasta finales del primer trimestre de 2026. La empresa, que cuenta con 4.233 empleados, ha recibido transferencias del Estado que crecieron un 8,8% en términos reales respecto al año pasado, con desembolsos recientes de 4.000 millones de pesos mensuales para inversiones de capital. Una vez adjudicados los contratos, se procederá a la disolución y liquidación de la empresa estatal.