El acuerdo comercial bilateral entre Argentina y Estados Unidos, formalizado ayer tras siete meses de negociación, establece un arancel base del 10% para los productos argentinos, pero contiene cláusulas específicas que excluyen sectores clave de la producción local y mantienen fuertes protecciones para la industria estadounidense del acero y el aluminio.

La arquitectura del pacto, cuyo texto final fue avalado por la Casa Blanca, se estructura sobre un arancel general del 10%. Sin embargo, este porcentaje no se aplicará de manera uniforme. El acuerdo incluye "excepciones que permitirán fortalecer el aparato productivo de la Argentina", según confirmaron fuentes oficiales. Los detalles específicos de estos bienes exceptuados se darán a conocer una vez que se complete el trabajo jurídico de implementación.

En contrapartida, dos sectores considerados estratégicos por la administración Trump quedarán fuera de este beneficio: los productos de aluminio y acero mantendrán un arancel del 50% para su ingreso al mercado estadounidense.

Compromisos en Materia Laboral y Contra el Trabajo Forzoso

Un componente significativo del acuerdo se encuentra en el capítulo titulado "Trabajo". En él, el Gobierno argentino asume el compromiso formal de "proteger los derechos laborales reconocidos internacionalmente".

Adicionalmente, Argentina se obliga a "adoptar e implementar una prohibición sobre la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio". Este punto incluye el compromiso de "reforzar la aplicación de las leyes laborales" nacionales. Esta cláusula se enmarca en la perspectiva compartida por ambos gobiernos, que consideran a China "una amenaza global", y cuestiona indirectamente la matriz productiva de ese país.

Próximos Pasos e Incertidumbre en la Implementación

La puesta en marcha del acuerdo no es inmediata y está sujeta a dos instancias críticas. En primer lugar, equipos de abogados y expertos en comercio exterior de ambas naciones deberán realizar un "minucioso trabajo jurídico" para ajustar todos los detalles del convenio.

Posteriormente, la implementación final dependerá exclusivamente de una "decisión política" del presidente Donald Trump. Según las fuentes consultadas, el mandatario estadounidense tiene la facultad de decidir si ejecuta el acuerdo en su totalidad o, en función de su agenda política, comunica "de manera sucesiva qué tramo del framework debería activarse".