El Poder Ejecutivo promulgó este lunes la Ley 27.793 que declara la Emergencia en Discapacidad hasta fines de 2026, pero suspendió inmediatamente su aplicación por falta de partidas presupuestarias. La medida se oficializó a través del Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial, que argumenta el impacto fiscal de la norma.

La decisión se fundamenta en que el Congreso, al insistir con la sanción tras el veto presidencial, omitió indicar la fuente de financiamiento para los gastos que la ley genera, tal como exige la Ley de Administración Financiera. El artículo 83 de la Constitución Nacional obligó al Ejecutivo a promulgarla.

Impacto fiscal detallado

Según los cálculos del Gobierno, la implementación de la ley demandaría un crédito presupuestario total de $3.019.508.900.000 para el ejercicio 2025, equivalente al 0.35% del PBI. Este monto se desglosa en:

• $2.166.985.900.000 (0.26% del PBI) para la nueva pensión en 2025.

• $574.200.000.000 (0.07% del PBI) para el "Programa Incluir Salud" en 2025.

• $278.323.000.000 (0.03% del PBI) para la compensación económica a prestadores.

El decreto sostiene que el presupuesto vigente “no cuenta con créditos suficientes” para afrontar estos costos, y que incluso reasignando todas las partidas disponibles de los tres poderes del Estado, la cifra resultaría insuficiente. “Para cumplir con la ejecución de la Ley sería ineludible disponer un aumento total del monto del presupuesto, el que solo puede ser autorizado por el Congreso Nacional”, señala el texto.

Adecuación presupuestaria paralela

En un movimiento paralelo, el Gobierno dispuso una modificación presupuestaria a través de la Decisión Administrativa 24/2025. La medida, que regirá a partir del 1° de octubre, incrementa los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y reduce partidas de la Jurisdicción 91 (Obligaciones a Cargo del Tesoro).

El objetivo de esta readecuación es responder al reclamo de actualización de los prestadores del sistema de atención a personas con discapacidad, a la espera de que el Congreso defina el financiamiento completo que permita la plena ejecución de la ley promulgada.