El Gobierno nacional decidió separar a Carla Porta de su cargo como Coordinadora del Registro Nacional de las Personas (Renaper) para el NOA con sede en Tucumán, luego de que se conociera su imputación en una investigación judicial por presunta defraudación agravada contra la Caja Popular de Ahorros.

La medida se confirmó horas después de que se diera a conocer que la Justicia provincial imputó a Porta y a tres abogados –Julio José Campero, Héctor Luis Sandoval y Mariana Pérez Lucena– por su presunta participación en una operatoria para acceder a indemnizaciones indebidas durante la pandemia. Según la investigación, se habrían presentado juicios de amparo con información falsa, incluyendo hisopados fraudulentos.

El fiscal Diego Sebastián Hevia investiga la presunta comisión de los delitos de "defraudación agravada en concurso ideal con falsificación de instrumentos públicos". La denuncia, impulsada por el interventor de la Caja, José Díaz, detalla que los reclamos provendrían de un mismo estudio jurídico y que el monto del perjuicio ascendería a más de $5.600 millones.

Frente a las acusaciones, Porta negó toda participación: "Es una sorpresa para mí. Yo no tengo ninguna relación con esa causa", declaró a medios locales. La ahora exfuncionaria afirmó que no ejerce como litigante desde 2020 y que desconoce a los demás imputados, sugiriendo que su inclusión en la causa responde a "motivaciones ajenas" con un "tinte político".

El Gobierno procedió con la separación de la militante de La Libertad Avanza, reafirmando el principio de transitoriedad de los cargos frente a procesos judiciales de gravedad. La información oficial sobre su reemplazo aún no ha sido comunicada.