El legislador opositor Claudio Viña (Compromiso por Tucumán) presentó un proyecto para prohibir el autoservicio de combustibles en la provincia, respaldado por su par Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán). La iniciativa, que apunta a contrarrestar la política nacional de flexibilización del sector, argumenta riesgos de seguridad, impacto ambiental y protección de empleos. Según el texto, todas las estaciones deberán contar con personal capacitado para manipular surtidores, bajo pena de clausura si incumplen.

Viña fundamentó la medida en los "riesgos inherentes" de la manipulación de hidrocarburos por parte de usuarios no entrenados, citando antecedentes de accidentes graves a nivel nacional e internacional. "El autoservicio incrementa la posibilidad de incendios, explosiones o derrames", afirmó, destacando que las estaciones son áreas de "riesgo moderado a alto". Además, alertó sobre el impacto laboral: "Cientos de trabajadores podrían ser desplazados, afectando especialmente a jóvenes en su primera inserción laboral formal".

El proyecto se alinea con normas similares vigentes en Buenos Aires, La Pampa y Jujuy, y contrasta con la resolución del gobierno nacional de diciembre 2024 que promueve el autoabastecimiento para reducir costos. Desde CAPEGA, la cámara de estacioneros tucumanos, aseguraron que la transición será gradual y sin despidos, aunque admitieron "reasignaciones de tareas". La iniciativa ahora será analizada en comisiones legislativas, donde se debatirá su viabilidad frente al marco regulatorio nacional.

Mientras el oficialismo insiste en modernizar el sector, la oposición provincial prioriza controles estrictos. El desenlace de este pulso podría definir no solo el modelo de expendio de combustibles en Tucumán, sino también el equilibrio entre seguridad, empleo y políticas de desregulación.