El presidente Javier Milei vetará la próxima semana las leyes que incrementan jubilaciones, establecen una moratoria previsional y declaran la emergencia en discapacidad, sancionadas por el Congreso. La decisión —que el Ejecutivo adoptará en los últimos días del plazo legal— apunta a preservar el equilibrio fiscal, argumentando que estas iniciativas amenazan la meta de déficit cero. Fuentes oficiales confirmaron a Noticias Argentinas que se exploran "gestos políticos" hacia gobernadores para asegurar que los vetos no sean derogados en el Legislativo.

Entre las alternativas en análisis figura aumentar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos discrecionales para provincias, aunque su redistribución enfrenta obstáculos jurídicos y resistencias. "No es fácil modificar el esquema desde el Ejecutivo", admitió un funcionario. Los gobernadores, incluso aliados, restan importancia a la medida: "Son chirolas comparado con lo que pedimos en el Congreso", dijo una fuente cercana a un mandatario. El oficialismo cuenta con solo 39 votos en Diputados y necesitaría sumar entre 72 y 86 para sostener los vetos.

Milei delegó en tres equipos —Martín Menem, Santiago Caputo y Guillermo Francos— la negociación con la oposición. El veto a la moratoria sería el más fácil de ratificar (100 votos en contra durante su media sanción), pero los otros dos —jubilaciones (71 votos negativos) y discapacidad (67)— están en riesgo. "Quienes no acompañen los vetos son genocidas de las futuras generaciones", afirmó el Presidente en tono confrontativo.

La estrategia oficial incluye presionar con el respaldo de gobernadores clave, aunque aún no hay ofertas concretas. "Importa el gesto político, no lo económico", resumió un operador de la Rosada. Mientras, las provincias insisten en que su proyecto de coparticipación automática de los ATN —hoy en comisiones— sería más efectivo. El desenlace definirá la capacidad del Gobierno para imponer su agenda de ajuste en un Congreso hostil.