El Senado asestó un duro golpe político al Gobierno al convertir en ley el aumento jubilatorio del 7.2% y la extensión de la moratoria previsional, medidas que el presidente Milei ya había anunciado que vetaría por considerarlas "inviables fiscalmente". La sesión, iniciada con polémica por la caída del sistema de votación, terminó con 52 votos afirmativos para el incremento de haberes (superando los 2/3 requeridos) y 39 para la moratoria, en una clara demostración de fuerza opositora.

La vicepresidenta Victoria Villarruel mantuvo su rol institucional pese a las críticas oficialistas, mientras los senadores libertarios abandonaron el recinto en señal de protesta. "No reconocemos esta sesión espuria", declararon, anunciando que judicializarán el proceso. Los bloques opositores -peronistas, radicales, PRO disidente y provinciales- cerraron filas en torno a los proyectos, que incluyen financiamiento con fondos de la SIDE y ajustes fiscales a sectores privilegiados.

El debate reveló grietas incluso dentro de Juntos por el Cambio: mientras Guadalupe Tagliaferri (PRO) criticó que "para este Gobierno la casta son los jubilados", su colega Carmen Álvarez Rivero votó en contra argumentando que "se debe resolver primero la informalidad laboral". El peronista Mariano Recalde admitió que el aumento es "mínimo" pero "necesario", destacando que la ley tiene fuente de financiamiento específica mediante la eliminación de exenciones impositivas a directivos empresariales.

La moratoria previsional -que beneficiará a 440.000 trabajadores en dos años- generó discusiones más acaloradas. Los oficialistas insistieron en que "destruye el sistema previsional", mientras la oposición destacó que evita que miles caigan en la PUAM (80% del haber mínimo). El texto final establece planes de pago en cuotas y requisitos estrictos, buscando equilibrar inclusión y sostenibilidad.

Con las leyes promulgadas, la pelota queda ahora en la cancha del Ejecutivo. Milei deberá decidir si aplica el veto total o parcial, aunque la contundencia de los votos opositores (especialmente en el aumento jubilatorio) sugiere que el Congreso podría insistir. El conflicto escalará probablemente a la Justicia, profundizando la crisis institucional en un año clave para la economía y las elecciones legislativas.