Con la presencia de funcionarios municipales, concejales, académicos y representantes de colegios profesionales, la Comisión de Infraestructura, Urbanismo y Ordenamiento Territorial del Consejo Económico y Social (CES) sesionó este miércoles para iniciar el proceso de reforma del Código de Planeamiento Urbano de San Miguel de Tucumán, una norma que rige desde hace más de tres décadas y que requiere actualizarse para adaptarse a los nuevos desafíos de la ciudad.

El secretario de Obras Públicas, Luis Lobo Chaklián, destacó que existe "un compromiso de todos los sectores" para lograr una transformación que contemple crecimiento armónico, movilidad urbana y perspectiva metropolitana, considerando la relación con localidades aledañas como Yerba Buena, Tafí Viejo y Alderetes. "El actual código fue pensado para otra realidad; hoy debemos incluir variables ambientales, viales y de densidad poblacional", explicó.

El concejal Facundo Vargas Aignasse, presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano del Concejo Deliberante, resaltó la importancia de abrir el debate más allá del ámbito legislativo: "Buscamos un código moderno, consensuado con la sociedad, que priorice temas como medioambiente y movilidad, antes relegados". Por su parte, el arquitecto Ernesto Chehade (UNT) propuso mecanismos de revisión periódica del código cada 10 años, tomando como referencia modelos internacionales.

El encuentro, coordinado por el secretario general del Municipio y titular del CES, Rodrigo Gómez Tortosa, sentó las bases para la creación de una comisión especial que elaborará un diagnóstico y presentará una propuesta ante el Concejo Deliberante. La intendenta Rossana Chahla y el presidente del cuerpo legislativo, Fernando Juri, respaldan la iniciativa, alineada con el compromiso asumido al inicio de la gestión.

Próximos pasos:

• Conformación de la comisión técnica integrada por municipio, concejales y actores clave.

• Elaboración de un diagnóstico participativo sobre necesidades urbanas.

• Redacción de un anteproyecto que combine desarrollo sostenible y demanda ciudadana.

El proceso apunta a dotar a la capital tucumana de un instrumento normativo flexible, capaz de anticiparse a los cambios y garantizar una ciudad más ordenada, sustentable y habitable.