El Gobierno nacional implementó un nuevo recorte en los subsidios energéticos como parte de su política de segmentación tarifaria, lo que generará un ahorro estimado en más de $3.000 millones anuales para el Estado. La medida apunta a usuarios de alto poder adquisitivo, principalmente de Puerto Madero y barrios cerrados del AMBA, que dejarán de recibir beneficios en sus facturas de electricidad.

Según informó la Secretaría de Energía, la decisión se basó en un análisis técnico que cruzó datos georreferenciados de ARBA y el OPISU. Como resultado, más de 15.500 hogares serán excluidos automáticamente del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). No obstante, se habilitó un mecanismo de revisión individual para quienes consideren que cumplen con los requisitos para mantener el beneficio.

Desde el oficialismo destacaron que esta medida es clave para avanzar hacia un equilibrio fiscal y reducir el "gasto público improductivo". Según argumentan, la quita de subsidios a sectores que no los necesitan permitirá reasignar recursos hacia áreas prioritarias, en línea con el objetivo de redefinir el rol del Estado en la economía.

Los usuarios afectados podrán presentar un reclamo a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), con una declaración jurada y pruebas que respalden su solicitud. El Gobierno enfatizó que esta política busca mayor eficiencia en el uso de fondos públicos, aunque reconoció que el proceso podría generar controversias entre los damnificados.

Con esta decisión, la administración de Milei profundiza su estrategia de ajuste fiscal, priorizando el ordenamiento macroeconómico y el saneamiento del sistema tarifario. La medida se enmarca en un paquete más amplio de reformas que apuntan a reducir el déficit y sentar las bases para un crecimiento sostenido.