José Fernando "Mellizo" Orellana presentó este viernes su renuncia irrevocable como legislador provincial, horas después de que la Corte Suprema confirmara su condena a 3 años de prisión en suspenso por abuso sexual simple contra Agustina Poch, exsecretaria de la entonces diputada Gabriela Troiano. El fallo, que también lo inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos, puso fin a un proceso judicial de 8 años y evitó un inminente pedido de remoción en la Legislatura.

El caso se remonta al 11 de noviembre de 2016, cuando Orellana —entonces diputado nacional— abordó a Poch en su despacho del Congreso. Según la sentencia del TOF 29, la manoseó, le susurró "vos necesitás alguien que te quiera" y la besó en la oreja, aprovechando su posición de poder. El fiscal Sandro Abraldes demostró que el ahora exlegislador actuó con "intimidación por su investidura". Pese a la condena en 2022, Orellana se aferró a su banca hasta hoy, generando críticas incluso de su propio bloque.

La presión escaló cuando la Cámara de Casación rechazó su apelación en agosto de 2024 y el abogado Alfredo Aydar exigió su remoción por "inhabilidad ética". Orellana, exintendente de Famaillá, siempre negó los hechos: "Es una maniobra política", declaró en marzo al renunciar a la comisión de Juicio Político. Pero la Corte, con votos unánimes de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, zanjó el caso al desestimar su último recurso por falta de requisitos formales.

El episodio sienta un precedente contra la impunidad en delitos de género dentro de la política. "Esta sentencia reafirma que no callaré", dijo Poch tras el fallo de 2022. Su banca será ocupada por Patricia Lizárraga, ex cuñada del exfuncionario. Mientras, Orellana —cuyo ADN quedó registrado en el RENADEG— deberá cumplir la condena en libertad, pero con una marca imborrable en su historial.