El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, ultima un dictamen en el que pedirá a la Corte Suprema que agrave la condena a Cristina Kirchner en el caso Vialidad, elevándola de 6 a 12 años de prisión por asociación ilícita y administración fraudulenta, además de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Según fuentes judiciales consultadas por Infobae, el documento —que respalda la postura del fiscal Mario Villar— podría presentarse este miércoles. También solicitará extender la condena por asociación ilícita a Lázaro Báez y otros imputados, y revocar las absoluciones de Julio De Vido y Héctor Garro.

La Corte Suprema, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no tiene plazos para resolver, pero su decisión adquirirá relevancia política en un año electoral. El rechazo del Senado al proyecto Ficha Limpia dejó abierta la posibilidad de que Kirchner sea candidata a legisladora, siempre que no haya condena firme antes del cierre de listas (17 de agosto para nacionales, 19 de julio para bonaerenses). El tribunal tiene tres caminos: confirmar la sentencia actual —lo que ejecutaría la prisión efectiva e inhabilitación—, absolver a todos los acusados o derivar el caso a Casación para un nuevo fallo, lo que extendería el proceso.

El expediente llegó al máximo tribunal en marzo pasado, cuando Villar y las defensas apelaron el fallo de la Cámara de Casación, que en noviembre 2023 había ratificado la condena por administración fraudulenta pero descartado la asociación ilícita. Los fiscales originales, Diego Luciani y Sergio Mola, sustentaron su acusación en el llamado "plan limpiar todo", revelado por mensajes de WhatsApp de José López —detenido en 2016 con USD 9 millones— que aludían a reuniones con Kirchner y Báez para liquidar deudas antes del cambio de gobierno.

La defensa de la ex presidenta, a cargo de Alberto Beraldi, insistió en su pedido de absolución por "violaciones a garantías constitucionales" y adelantó que recurrirá a organismos internacionales si la Corte confirma la condena. Además, recusó a Lorenzetti, una cuestión que el tribunal también deberá dirimir. Mientras Casal ajusta su dictamen, la causa vuelve a poner bajo la lupa los tiempos de la Justicia y su intersección con la arena política.