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9 de mayo de 2025

Investigan un intento de hackeo al celular oficial del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti

Un empleado del Poder Judicial recibió un llamado fraudulento para obtener el PIN de la línea. El fiscal Vismara analiza si existe una red organizada de espionaje a magistrados.

El fiscal federal Santiago Vismara investiga un intento de hackeo al teléfono celular oficial del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, mediante una llamada fraudulenta a un empleado del Poder Judicial. El episodio ocurrió el lunes pasado cuando Sebastián Matías Bustamante, de la Dirección de Gestión e Infraestructura de la Corte, recibió un llamado de un número privado: el interlocutor, haciéndose pasar por un operador de Movistar, intentó obtener el código PIN de una línea supuestamente robada.

El empleado, al detectar inconsistencias, cortó la comunicación y alertó a la Dirección de Seguridad del tribunal. Tras la denuncia, se confirmó que el número en cuestión pertenecía a Rosatti, quien ya cuenta con un nuevo teléfono por precaución. La División de Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad intervino en el caso, que podría estar vinculado a una red de espionaje previamente desarticulada.

Este no es un hecho aislado: en 2022, Rosatti ya había denunciado la existencia de cinco líneas fraudulentas a su nombre. Aquella investigación reveló una estructura de vigilancia ilegal que afectó a otros magistrados como Carlos RosenkrantzRicardo Lorenzetti y la jueza Verónica Skanatta, así como a funcionarios como Diego Santilli y Marcelo D’Alessandro. Entre los imputados en esa causa figuran el hacker Ezequiel Núñez Piñeyro y el misionero Santiago Machado, además del exagente Ariel Zanchetta, acusado de solicitar más de 2.100 informes personales de figuras públicas.

El fiscal Vismara ahora analiza si este nuevo intento forma parte de un esquema organizado para espiar a jueces que intervienen en causas sensibles. El hecho reaviva las sospechas sobre la infiltración en sistemas estatales y la vulnerabilidad de datos de altos funcionarios. La Justicia busca determinar si hubo participación de actores políticos, como ocurrió en el caso del camporista Fabián "Conu" Rodríguez, vinculado a los anteriores intentos de espionaje.

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