El Gobierno nacional eliminó este martes varios requisitos burocráticos para el sector armamentístico mediante la Resolución 49/2025 de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). La norma, publicada en el Boletín Oficial, exime de habilitaciones municipales e inscripciones ante el organismo a distribuidores, talleres y fábricas de armas/municiones, incluyendo pequeños productores artesanales (con menos de 1.200 unidades anuales). Eso sí: deberán mantener los protocolos de seguridad para almacenamiento.

La medida —impulsada por el director de la ANMaC, Juan Pablo Allan— forma parte del plan de desregulación del Ejecutivo. Según fundamentó el organismo, la diversidad de normas en los 2.000 municipios del país generaba "carga administrativa innecesaria". No obstante, aclararon que los comerciantes deberán seguir cumpliendo con leyes nacionales, provinciales y municipales vinculadas al ejercicio de su actividad.

En paralelo, la resolución autoriza a las fuerzas federales a reutilizar armas decomisadas en operativos contra el crimen organizado. Estos materiales —previamente registrados y depositados en la ANMaC— serán redistribuidos por el Ministerio de Seguridad, aunque solo para uso institucional. Además, se modificaron los protocolos de destrucción: ahora se evaluará caso por caso si el armamento puede tener un "aprovechamiento de interés público".

La decisión generó reacciones encontradas. Mientras el oficialismo celebra la agilización de trámites para un sector históricamente regulado, voces críticas advierten sobre posibles riesgos en el control de armas. La ANMaC insistió en que mantendrá auditorías sobre condiciones de seguridad y trazabilidad de los materiales, clave en un país donde según datos oficiales se registran 250.000 armas legales y unas 900.000 ilegales.