La Legislatura de Tucumán se convirtió este miércoles en aula de ciudadanía digital con un taller urgente: cómo combatir el grooming, el acoso sexual a menores en redes sociales que ya es delito penal en Argentina. Organizada por la legisladora Adriana Najar, la jornada reunió a docentes, padres y funcionarios con un mensaje clave: "Sin alfabetización digital, no hay prevención posible".

La licenciada Nadia González (UNSTA), autora del informe del Observatorio de Seguridad Digital, fue contundente: "No es un intento de delito, ya es un crimen consumado cuando un adulto contacta a un menor con fines sexuales". Detalló que el 70% de los casos ocurren en plataformas de juegos online y redes sociales, donde los acosadores se hacen pasar por niños. "Hay que hablar sin tabúes: preguntarles qué hacen en Internet y enseñarles a configurar la privacidad", insistió.

La brecha generacional es el mayor obstáculo. González reveló que 6 de cada 10 padres no saben identificar señales de grooming, como cambios abruptos en el comportamiento o resistencia a mostrar sus chats. Frente a esto, la experta recomendó:
✔ Supervisar sin invadir: usar apps de control parental pero mantener diálogo abierto.
✔ Denunciar inmediatamente: la línea 137 atiende las 24 horas con equipos interdisciplinarios.
✔ Capacitarse: cursos gratuitos del Ministerio de Justicia sobre huella digital y riesgos.

Najar anunció que presentará un proyecto para adherir a la Ley Micaela Ortega (27.590), que establece capacitación obligatoria en grooming para funcionarios. "Queremos que todo el personal legislativo y municipal sepa actuar", dijo, mientras agradeció al vicegobernador Miguel Acevedo por impulsar estas iniciativas.

El grooming crece en silencio: según datos del Ministerio Público Fiscal, Tucumán registró 47 casos en 2023, pero se estima que solo se denuncia 1 de cada 10. Por eso, el taller insistió en romper el miedo: "No es 'solo un juego' —alertó González—. Los groomers pueden escalar a extorsión o encuentros presenciales".

Con esta acción, Tucumán se suma a Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe en la batalla legal contra el ciberacoso. El próximo paso: convertir la Legislatura en centro de difusión de guías prácticas para familias y escuelas.