El Gobierno tucumano formalizó esta semana, mediante el decreto 755/3 (SH), un refuerzo presupuestario de $6.300 millones para las 93 comunas rurales, destinado a "garantizar servicios esenciales y operatividad". La medida —publicada en el Boletín Oficial tras su firma el 28 de marzo— generó inmediatas críticas de la oposición, que la vinculó con los comicios nacionales de octubre.

Patricia Torrejón, secretaria de Municipios y Comunas, aclaró que los fondos —solicitados por su área— no son de libre disponibilidad: "Se asignan bajo supervisión del Ministerio de Economía para combustible, maquinaria y recolección de residuos. Ya se ejecutaron $5.000 millones", detalló. Sin embargo, legisladores opositores cuestionan la oportunidad del desembolso y exigen auditorías.

Voces del territorio

Delegados comunales salieron al cruce de las críticas. Raúl Aragón (Santa Cruz y La Tuna) afirmó: "Las elecciones son en octubre, pero los servicios no pueden parar". María Elena Serrano (El Manantial) defendió los controles: "No hay zonas grises; todo se audita". Luis Horacio del Campo (Ranchillos) enumeró obras: "Pavimentación, alumbrado LED y caminería rural avanzan como nunca".

Réplica a las críticas

Gastón García Biagosch (Cevil Redondo) ironizó: "¿Les molesta que el dinero llegue a la gente y no a empresas amigas?". Franco Ale Lossi (El Bracho) remarcó: "Este es el tercer aumento en 18 meses; los resultados se ven". Paul Caillou (Amaicha del Valle) invitó a los críticos a "pisar el barro": "Acá no twitteamos: gestionamos". Luis Mendoza (Río Seco) cerró: "Hay lugares donde ni conocen a ciertos diputados, pero sí ven las obras".