El ENARGAS extendió por 60 días el plazo para emitir las resoluciones finales de la Revisión Tarifaria Integral del gas, según consta en la Resolución 233/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La prórroga afecta tanto a la actualización quinquenal de tarifas de transporte y distribución como a la metodología de ajustes periódicos, en un contexto donde el organismo sigue intervenido por el Poder Ejecutivo desde enero de 2024.

La medida se justifica por la necesidad de "relevar y analizar información técnica" presentada durante el proceso, que incluyó una audiencia pública virtual el 6 de febrero. Si bien uno de los puntos discutidos —los cortes por falta de pago— ya fue resuelto, los aspectos centrales de la tarifa requieren más tiempo de evaluación. El nuevo plazo se enmarca en lo establecido por el DNU 1023/24, que fija como fecha límite el 9 de julio para implementar los cambios.

Esta revisión es parte de la emergencia energética declarada originalmente por el DNU 55/23 y prorrogada el año pasado. El esquema mantiene al ENARGAS bajo intervención, con facultades para modificar regulaciones y tarifas mientras dure la medida. El interventor actual, designado por el Gobierno, deberá ahora acelerar el análisis para cumplir con el cronograma ajustado.

El proceso genera expectativa en un sector crítico para la economía, donde los aumentos tarifarios suelen tener impacto directo en los usuarios finales y las empresas distribuidoras. Aunque la resolución no adelanta montos ni porcentajes, se espera que las nuevas tarifas reflejen los costos reales del servicio tras años de retrasos cambiarios e inflación acumulada.

La postergación ocurre en un escenario complejo: por un lado, el Gobierno necesita reducir subsidios para cumplir metas fiscales; por otro, debe evitar saltos bruscos que profundicen el malestar social. El ENARGAS deberá equilibrar estas variables en los próximos 60 días, bajo la lupa de consumidores, cámaras empresarias y el propio FMI.