El juez federal Sebastián Casanello ordenó hoy la inhibición de bienes de Alberto Fernández y de otras 50 personas y empresas investigadas por el escándalo de los seguros. La misma medida ya había sido ordenada por Julián Ercolini, el primer juez del caso, hace un año, pero luego fue revocada por la Cámara Federal.

Además de Fernández, el juez ordenó la inhibición general del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, del broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la histórica secretaria del ex presidente, del broker Pablo Torres García, y de las empresas Bachellier, San Ignacio, San German, entre otras. Con esa medida, no podrán vender ni disponer de sus bienes. Tampoco tendrán accesos a sus cajas de seguridad.

En total, son 51 personas y empresas.

Bachellier es la empresa que más comisiones cobró entre 2020 y 2024. El año que más cobró fue 2022, con $700.416.803, tras el decreto de Alberto Fernández que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros. En total recibió $1.665.741.081 por comisiones.

En tanto, San Ignacio y TG Broker son las dos firmas que aparecen en una nota enviada por ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, a Nación Seguros por el contrato para los créditos de los jubilados. Ambas cobraron $231.918.674. Esa cifra no contempla las comisiones millonarias que habrían cobrado los intermediarios por las cuatro coaseguradoras: Sancor, San Cristóbal, San Germano y Life Orígenes.

En la resolución, el juez Casanello justificó la medida cautelar y dijo que “la investigación ha registrado notorios avances”. “Toda vez que los imputados ya fueron convocados a prestar declaración indagatoria por un hecho de criminalidad económica -particularmente corrupción-, y en base a las consideraciones allí realizadas sobre la prueba de cargo, hay motivo bastante para sospechar que han participado en la comisión de un delito, en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación. Esa sospecha obliga al tribunal a asegurar la eficacia del juicio”, dice el fallo al que tuvo acceso Infobae.

La causa cambió de juez a comienzos de febrero, cuando se venció la subrogancia de Ercolini, en el juzgado federal 11. Ocurrió en un momento clave de la investigación porque ya se habían terminado las indagatorias y el juez estaba en condiciones de decidir si procesaba o sobreseía a todos los imputados.

El nuevo magistrado, Casanello, decidió revisar toda la documentación antes de tomar una decisión y descubrió que faltaban algunos datos de Cancillería, Fabricaciones Militares y la ex AFIP. El nuevo juez también le mandó un nuevo oficio a Nación Seguros para que informe el monto (total y también dividido por tomador y póliza) de los fondos liquidados a todos los coaseguradores a raíz de todas las pólizas emitidas entre el 10 de diciembre de 2019 y el 9 de diciembre de 2023.

Mientras estuvo a cargo de la causa, Ercolini ordenó decenas de allanamientos y mandó oficios a casi un centenar de organismos para obtener los convenios y las pólizas de seguros contratados entre el 10 de diciembre de 2019 y el último día del gobierno de Alberto Fernández. También recolectó toda la información que estaba en poder de Nación Seguros. De esa manera, se secuestraron las notas que mandaban desde los organismos para designar a los intermediarios.

Esas notas eran firmadas por funcionarios de segunda línea, aunque también aparecen ministros eligiendo a dedo a las empresas. Todos los nombres figuran en la resolución que firmó Ercolini cuando llamó a indagatoria a 39 personas.

El caso más emblemático fue el de Federico D’Angelo, exdirector del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la ANSES. La nota, firmada de puño y letra y enviada por fuera del sistema oficial de comunicación (GDE), designaba a las empresas San Ignacio y TG Brokers como organizador y productores de los seguros.

Al ordenar la inhibición general de bienes, Casanello destacó un allanamiento en la sede de la firma San Ignacio, al comienzo de la investigación, donde quedó expuesto que había otras personas detrás de esa empresa. Para el juez, desde ese momento “se robusteció la hipótesis de imputación, caracterizada por la presencia de profundos conflictos de interés en las más altas esferas de la Administración. También afloró un presunto esquema de corrupción con la utilización de una serie de cooperativas, entre ellas, las denominadas “7 de Mayo Cooperativa de Trabajo Ltda.” y “Cooperativa de Trabajo Irigoin Ltda.”, para el desvío de fondos ilícitamente obtenidos, mediante facturaciones simuladas”.

Durante la investigación, se comprobó que la cooperativa 7 de Mayo recibió $376.928.239 de ocho aseguradoras. De ese total, casi $239 millones provenían de San Ignacio, la empresa puesta a dedo en la póliza de la ANSES.

El dinero de la cooperativa terminó en propiedades, autos, viajes y hasta plateas en la cancha de River.

La Justicia detectó transferencias a una serie de fideicomisos inmobiliarios: Flumine, Villarroel 1232, Libertador 5958, Naase, Inmobiliario 866, y Links Country de Mar.

Cuando explotó el escándalo, hubo movimientos desesperados para intentar recuperar el dinero. El ex gerente general de Nación Seguros, Mauro Tanos, le pidió al Fideicomiso 866 “la devolución de los fondos a la cooperativa, contra la transferencia de los mismos importes desde su cuenta personal, y luego, el 01/08/2024, Tanos y su esposa procedieron a ceder su boleto a un tercero por un precio de USD 270.000″.

No es todo. “Otros fondos externalizados de la cooperativa incluyen el pago de e-checks por $ 14.990.300 al Club Atlético River Plate (pago durante cinco años por cuatro plateas en el estadio y un estacionamiento)”, consta en expediente.

Fuente: Infobae