El Gobierno nacional ultima detalles para activar el protocolo de seguridad que regirá durante la Marcha Universitaria prevista para las 16, convocada por estudiantes y docentes en reclamo por mayor presupuesto educativo. 

La protesta que contó con la adhesión de legisladores, sindicalistas y dirigentes de la oposición, irá desde el Congreso a Plaza de Mayo, por lo que el Ministerio de Seguridad de Nación coordinará con la Ciudad de Buenos Aires el operativo de seguridad.

Advertidos de la magnitud de la convocatoria, en Casa Rosada aseguran que se regirán por "un criterio de razonabilidad" a la hora de aplicar el protocolo, aunque advierten que los efectivos policiales actuarán ante posibles escenarios de “destrozos y provocaciones”. 

La Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria estarán a cargo del monitoreo de la zona diseñada para movilizar, y trabajarán en coordinación con la Policía de la Ciudad. 

Desde primera mañana, Casa Militar dio la orden de reforzar la seguridad en el perímetro de Casa de Gobierno, por lo que un centenar de agentes policiales desfilan en el interior de la casa y en las calles lindantes. 

La ministra de Seguridad seguirá atentamente la movilización de principio a fin aunque aún no esté confirmada su presencia en el Comando Unificado, donde sí estará su secretario de seguridad, Vicente Ventura Barreiro.

Fuertes críticas a la política

La convocatoria de autoridades educativas y estudiantes es "contra del ajuste presupuestario" en las universidades, que -según advierten- podría llevar a la caída del sistema de estudios público.

Fuentes del entorno del presidente Javier Milei aseguran que la asistencia de referentes políticos de la oposición de la talla de Sergio Massa, Axel Kicillof, y los triunviros de la CGT benefician al gobierno. 

“Lo mejor que nos puede pasar es que aparezcan Kicillof, Massa y Lousteau en la marcha”, deslizaron, y agregaron: “Que vayan políticos da argumentos para rechazar la marcha, si no es una parada difícil”.

Asimismo, la administración libertaria insistirá con auditar los números de las todas las universidades públicas para transparentar el uso de las cajas. “No hay más temas tabú. Se terminaron las vacas sagradas. A todo nivel”, describió ante la agencia Noticias Argentinas un funcionario cercano al jefe de Estado. 

El Gobierno sabe que debe darse una discusión a futuro en materia educativa, aunque aún no hay reformas previstas para el corto plazo. 

Al respecto, una de las personas más influyentes de la gestión planteó: “Las universidades están viendo alternativas como que egresados y ex alumnos paguen voluntariamente para conformar un fondo de financiamiento. Nos lo hicieron saber y quizás más adelante nos presenten un proyecto. Igual no hay nada en mente para el tema para implementar en el corto plazo”. 

Fuente: NA