El Gobierno nacional proyecta una fuerte baja del precio de las naftas para antes de la primavera y apuesta a que ese movimiento funcione como uno de los pilares para profundizar la desaceleración de la inflación. Según fuentes oficiales, la expectativa es que los valores actuales de los combustibles se mantengan estables durante otro mes y medio a dos meses, lapso en el que las petroleras podrán recuperar parte del margen que resignaron al desacoplar parcialmente los precios internos de las referencias internacionales. Una vez completado ese proceso, las naftas podrían retroceder cerca del 17 por ciento.

“Con esta baja, tenemos la expectativa de acercarnos a la inflación cero y de que se cumpla lo que dijo Milei”, expresaron en el Ejecutivo, de acuerdo con la información recabada. Las mismas fuentes plantearon ese escenario como una apuesta y no como una garantía: admiten que el resultado final dependerá del comportamiento del dólar, del precio del petróleo, de la carga impositiva y de otros precios regulados.

Los números que maneja la Casa Rosada parten de los valores que publica el sitio especializado Surtidores. La nafta súper en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasó de $1.609 en febrero a un promedio de $1.999 en marzo, una suba de 24,2 por ciento. La premium, en el mismo período, saltó de $1.845 a $2.207, un incremento de 19,6 por ciento. En julio, la súper se ubicó en $2.047 y la premium en $2.244. Con una reducción del 17 por ciento, esos precios retrocederían a unos $1.699 y $1.863, respectivamente. La caída no igualaría en todos los cortes los valores de febrero, pero sí recortaría buena parte del salto que se produjo en marzo, en plena escalada del crudo por la guerra entre Estados Unidos e Irán. En el caso de la premium, quedaría prácticamente en el nivel previo a aquel aumento; en la súper, quedaría aún por encima de febrero, aunque muy por debajo de los precios actuales.

El cálculo oficial se apoya en el esquema que YPF y el resto de las compañías aplicaron tras la suba del petróleo por el conflicto en Medio Oriente. La petrolera de mayoría estatal implementó un mecanismo de amortiguación para no trasladar todo el incremento internacional del crudo a los surtidores, lo que permitió estabilizar los precios locales a principios de abril. Ahora, con el retroceso del Brent hacia niveles cercanos a los de febrero, en el Gobierno consideran que se abre margen para una corrección a la baja. Esa reducción, sin embargo, no será inmediata: primero las petroleras buscarán recomponer parte del margen perdido durante los meses en que vendieron por debajo de la paridad de importación. En el Ejecutivo sostienen que el precio quedará estable durante otros 45 o 60 días y que recién después se aplicaría la baja. La previsión es que, si el petróleo se mantiene en niveles más bajos y no hay un salto del tipo de cambio, el ajuste pueda reflejarse en los surtidores para principios de septiembre.

La administración del impuesto a los combustibles también forma parte de la estrategia. Esta semana el Gobierno aplicó solo una suba parcial de los tributos, de alrededor del 1 por ciento, y volvió a postergar el grueso del ajuste pendiente. Esa decisión busca evitar que los combustibles vuelvan a empujar al alza al Índice de Precios al Consumidor en los próximos meses. El punto sensible es que todavía existe un remanente impositivo acumulado que el Ejecutivo viene difiriendo desde 2024, durante todo 2025 y parte de 2026. Si el Ministerio de Economía decidiera aplicarlo de manera plena en agosto, podría neutralizar parte del margen para reducir los precios en los surtidores. Por ese motivo, en el sector energético siguen de cerca cómo se administrará ese calendario tributario.

Para la Casa Rosada, el precio de la nafta tiene un peso político y económico que excede su incidencia directa en el índice. Impacta en las expectativas, en la logística, en los costos de transporte y en la percepción cotidiana de los consumidores. Por eso la consideran una variable clave para quebrar la inercia inflacionaria. El Gobierno viene de proyectar una inflación de junio por debajo del 2 por ciento, tras el 2,1 por ciento de mayo y el pico de 3,4 por ciento de marzo, mes que estuvo atravesado por el salto de los combustibles. En el oficialismo creen que, si julio y agosto mantienen la tendencia, una baja del precio de la nafta podría convertirse en el dato que empuje el IPC hacia niveles mínimos en septiembre.

El informe de avance del Presupuesto 2027 también apunta en esa dirección: el Ejecutivo anticipó una “desaceleración significativa de la inflación”, junto con superávit fiscal, reducción de impuestos y recuperación del ingreso real. La estrategia de los combustibles aparece como una pieza más de ese objetivo macroeconómico. La apuesta, sin embargo, está sujeta a condiciones. Un nuevo salto del petróleo, una suba fuerte del dólar o una aplicación plena del impuesto a los combustibles podrían limitar el efecto esperado. También pueden influir otros precios regulados, los alimentos, el turismo de invierno y las tarifas de servicios públicos. En Balcarce 50 buscan instalar que la baja de la inflación no dependerá únicamente de la política monetaria, sino también de decisiones puntuales sobre precios sensibles. La nafta aparece ahora como el eje más fuerte: el Gobierno quiere utilizarla para mostrar que el shock de marzo fue transitorio y que el proceso de desinflación puede volver a acelerarse.