NACIONALES
1 de julio de 2026
Argentina es el país con mayor presión impositiva sobre la industria formal y la UIA exigió un pacto fiscal de estabilidad por 30 años
Un informe de la central fabril ubica al país en el primer puesto mundial cuando se mide la carga tributaria sobre las empresas que operan en la legalidad. La presión alcanza el 56% y creció 6 puntos porcentuales desde la asunción de Javier Milei. Martín Rappallini reclamó un blindaje similar al RIGI para el sector
La Argentina se convirtió en el país que más impuestos le cobra a sus empresas industriales cuando se considera exclusivamente al sector formal. Así lo reveló un informe presentado por el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, que midió la presión tributaria sobre las fábricas en 30 naciones y concluyó que la carga efectiva sobre las compañías que cumplen con sus obligaciones asciende al 56 por ciento. Seis puntos porcentuales más que en la última medición previa a la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, un deterioro que el documento atribuye en buena medida al crecimiento de la informalidad fabril.
Para llegar a esa conclusión, el Departamento de Política Tributaria de la UIA relevó ocho impuestos clave en un grupo de países que representa el 81 por ciento del PBI mundial e incluye a todo el G20, Sudamérica, España, Países Bajos y Suiza. A nivel macro, la Argentina ocupa el puesto 12° en presión fiscal, con un 28 por ciento sobre el PBI. Sin embargo, al aislar a las empresas industriales que emplean de manera registrada y pagan todos sus tributos, el país escala al primer lugar del ranking.

“Para nivelar la cancha, desde la UIA estamos pidiendo un Pacto fiscal federal industrial”, sostuvo Rappallini, quien recordó que la industria representa el 18 por ciento del PBI, aporta el 28 por ciento de la recaudación fiscal y el 40 por ciento del impuesto a las Ganancias.
El desglose del informe expuso las razones del primer puesto. En el Impuesto a las Ganancias de Sociedades, la Argentina se ubicó segunda: la alícuota máxima del 35 por ciento más el 7 por ciento que grava los dividendos eleva la carga efectiva al 39,5 por ciento. Solo Colombia supera ese nivel dentro de la muestra, como consecuencia de su reforma tributaria de 2022.
El impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios —conocido como impuesto al cheque— mantiene al país en la cima del ranking mundial. De los treinta países analizados, apenas cuatro aplican un gravamen similar a las transacciones financieras. En el caso del IVA, la Argentina quedó cuarta, detrás de Brasil, Uruguay e Italia. Sin embargo, el problema no se limita a la alícuota general del 21 por ciento, sino que los quiebres de alícuotas y la burocracia estatal generan saldos a favor que inmovilizan capital de trabajo, sobre todo en las pymes.

El informe también señaló que el país lidera en el Impuesto al Patrimonio, por ser el único que exige tributar sobre la base bruta sin permitir la deducción de deudas, y con un mínimo no imponible históricamente bajo. En materia de comercio exterior, la Argentina comparte con Rusia la aplicación de Derechos de Exportación, lo que la convierte en la economía más hostil para las ventas al exterior dentro de la muestra.
En el plano subnacional, la presión se multiplica. A nivel provincial, Ingresos Brutos le asigna a la Argentina el primer puesto, por gravar en cascada a lo largo de toda la cadena de valor. Solo Italia y Canadá aplican tributos similares, pero con una carga menor. A ese esquema se suman las tasas municipales de Seguridad e Higiene, que en la Argentina recaen sobre la misma base imponible que Ingresos Brutos, un caso único de doble imposición entre los países relevados. El Impuesto de Sellos, que encarece contratos y actos onerosos, también encabeza el ranking global.
Frente a ese diagnóstico, la UIA reclamó un paquete de medidas urgentes. Entre ellas, que se permita computar hasta el 95 por ciento de las Contribuciones Patronales a cuenta del IVA y de Ganancias, para que la formalización laboral deje de representar un castigo económico para las pequeñas y medianas empresas. Pero la exigencia central fue política: un compromiso de estabilidad jurídica y tributaria “símil RIGI” por 30 años, un blindaje similar al que el Gobierno ofrece a los grandes capitales extranjeros.
En medio de ese reclamo por una baja de impuestos, un directivo de Techint fue ratificado al frente de la UIA bonaerense.
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