Un hombre quedó formalmente imputado por la Justicia tras ser identificado como el presunto autor de la destrucción de una parada inteligente de colectivos ubicada en calle San Lorenzo al 500, en Barrio Sur, San Miguel de Tucumán. El ataque ocurrió el 21 de junio y fue captado por una cámara de seguridad de un vecino, cuyo registro permitió a los investigadores avanzar rápidamente en la identificación del sospechoso.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el acusado circulaba en motocicleta cuando el vehículo sufrió un desperfecto mecánico. Al detenerse, descendió visiblemente alterado y comenzó a golpear con su casco la pantalla LED instalada en la parada hasta destruirla por completo. Toda la secuencia quedó filmada y esa grabación se transformó en la principal prueba de la causa.

A partir de esas imágenes, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán presentó una denuncia penal para impulsar la investigación. Con los elementos reunidos, la Fiscalía dispuso una serie de medidas que culminaron con un allanamiento en el domicilio del sospechoso. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron la motocicleta que aparecía en la filmación y el hombre quedó formalmente imputado.

La causa se encuentra a cargo del fiscal Daniel Sosa Piñero, quien deberá establecer la calificación definitiva del delito. Entre las figuras penales bajo análisis se encuentra la de daño agravado, que contempla penas que pueden ir desde los tres meses hasta los cuatro años de prisión, además de la obligación de reparar económicamente los perjuicios ocasionados al patrimonio público.

Desde el municipio subrayaron que el objetivo es que este caso marque un punto de inflexión frente a los reiterados episodios de vandalismo que afectan al mobiliario urbano. Las paradas inteligentes, equipadas con pantallas informativas, iluminación y otros sistemas tecnológicos, representan una inversión pública significativa y sufren con frecuencia roturas intencionales que demandan altos costos de reparación y reposición.

Las autoridades municipales señalaron que la destrucción de estos espacios no solo implica un perjuicio económico para el Estado, sino también un deterioro directo en la calidad del servicio que reciben miles de usuarios del transporte público. Cada pantalla dañada o estructura vandalizada deja de brindar información sobre recorridos y horarios, además de afectar la seguridad y la comodidad de quienes esperan los colectivos.

El municipio anticipó que continuará promoviendo denuncias penales en todos los casos en que pueda identificarse a los responsables mediante cámaras de seguridad, registros de vecinos o sistemas de videovigilancia, con la intención de desalentar este tipo de conductas por medio de sanciones judiciales y reforzar el mensaje de que los daños al patrimonio público tendrán consecuencias legales.

El expediente continuará ahora con la producción de nuevas pruebas y las actuaciones judiciales correspondientes para determinar la responsabilidad del imputado y las eventuales medidas que adopte la Justicia en el avance de la causa.