El levantamiento del secreto de sumario en la causa que investiga el secuestro de 470 kilos de cocaína en Tucumán incorporó nuevos elementos al expediente. Entre la documentación secuestrada en la camioneta utilizada para transportar la droga, los investigadores encontraron material vinculado a una agrupación política y una planilla relacionada con la entrega de asistencia social, hallazgos que ahora forman parte de las actuaciones judiciales.

La investigación se inició el 4 de junio, cuando efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron una Toyota Hilux sobre la ruta nacional 157. Durante la inspección del vehículo, además de los 470 kilos de cocaína ocultos en la caja de carga, los uniformados secuestraron distintos elementos que fueron incorporados como evidencia en la causa federal.

De acuerdo con la documentación judicial que salió a la luz tras el levantamiento del secreto de sumario, entre los objetos hallados había una planilla en blanco titulada “Entrega de módulos de mercadería a familias en situación de riesgo”, con membrete del Ministerio de Desarrollo Social, además de ocho banderas identificadas con el Movimiento de Unidad Popular (MUP).

La aparición de ese material cobró relevancia porque uno de los detenidos en la causa es Rodrigo “Icha” Chávez, ex candidato a concejal de Famaillá por esa agrupación política. Según la investigación, la camioneta utilizada para el traslado del cargamento habría estado vinculada al acusado, aunque éste sostuvo ante la Justicia que ya no era de su propiedad al momento del procedimiento.

Chávez declaró que había entregado la Hilux a Pablo Abraham Pérez como parte de pago de otra camioneta similar que actualmente utiliza en su actividad comercial. La determinación de la titularidad efectiva del vehículo es uno de los aspectos que los investigadores buscan esclarecer en el marco del expediente.

Hasta el momento, seis personas permanecen involucradas en la causa. Además de Chávez, fueron detenidos Marcos Nacif, señalado como el conductor del vehículo interceptado; Pablo Abraham Pérez; Matías Díaz; y Enrique Cátulo Santos junto a Ernesto Cátulo Chamas. Todos negaron las acusaciones formuladas en su contra.

El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz mantiene la hipótesis de que los acusados habrían cumplido distintos roles dentro de una estructura de mayor dimensión. Mientras avanza la investigación sobre el origen y destino del cargamento, los investigadores intentan determinar quién era el destinatario final de la droga y cuál era el alcance de la organización detrás de la operación.