Los indicadores de seguridad del primer semestre de 2026 dibujan un escenario contradictorio en Tucumán. Por un lado, los delitos contra la propiedad se redujeron entre un 15% y un 20% en comparación con el mismo período del año anterior. Por otro, los homicidios treparon un 16% y los secuestros de droga marcaron un récord que inquieta a las autoridades: 1.530 kilos incautados contra los 930 decomisados en el primer semestre de 2025, un incremento cercano al 65 por ciento.

Ese crecimiento de la violencia letal vino acompañado de episodios que, según un experimentado investigador de la Policía consultado, exhiben un cambio en la conducta delictiva en la provincia. “La intolerancia reina entre los tucumanos. El lugar dejó de generar actos inhibitorios, es decir, un freno”, afirmó el pesquisante en relación con las dos balaceras registradas en pleno centro de la capital tucumana.

El desglose de los móviles de los crímenes mostró agravamientos sensibles. Se duplicaron los homicidios cometidos durante robos o intentos de robo, muchos de ellos asociados a episodios de lo que se conoce como “justicia por mano propia”. Los femicidios pasaron de tres en el primer semestre de 2025 a cuatro en 2026. Y también se duplicaron los asesinatos vinculados con conflictos derivados del narcotráfico.

En materia de estupefacientes, el decomiso de 1.530 kilos contrasta con una baja de alrededor del 11% en los secuestros a nivel regional. Los especialistas, sin embargo, advierten que una mayor cantidad de droga incautada no necesariamente refleja controles más efectivos, sino que suele ser el síntoma de un crecimiento del tráfico ilegal. Las estimaciones que manejan los investigadores indican que las fuerzas de seguridad apenas logran interceptar alrededor del 30% de los cargamentos que circulan por las rutas.

Hasta el viernes pasado, en Tucumán se habían secuestrado 830 kilos de cocaína —un alza superior al 16%— y 672 kilos de marihuana, lo que significó un incremento del 145% frente al primer semestre de 2025. Dos datos concentraron la atención de los investigadores. El primero: por primera vez, durante los meses de abril, mayo y junio, Tucumán decomisó más cocaína que Salta y Jujuy, las provincias limítrofes con Bolivia que históricamente representan la principal puerta de ingreso de esa sustancia al país. El segundo: el fuerte crecimiento de los secuestros de marihuana refuerza la hipótesis de que el NOA empieza a consolidarse como una zona de producción de esa droga, aunque hasta ahora no se logró desarticular ninguna organización dedicada al cultivo a gran escala.

El avance del narcotráfico también se manifestó en otros delitos asociados. Durante el semestre se duplicaron los homicidios relacionados con drogas. Además, fue detectada una organización sospechada de abastecer de armas a bandas criminales internacionales, se investigaron maniobras de lavado de activos —una de ellas vinculada al Comando Vermelho— y se identificó una estructura que habría brindado apoyo logístico para trasladar los 470 kilos de cocaína secuestrados recientemente en la provincia.

Frente a este cuadro, distintos sectores coinciden en que existe en Tucumán una decisión política de combatir al narcotráfico, pero cuestionan la ausencia de una estrategia coordinada por parte del Gobierno nacional. Señalan que los recortes presupuestarios, la escasa inversión, la falta de planificación y de un diagnóstico integral limitan la capacidad de respuesta, mientras que provincias vecinas como Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca tampoco ubican al problema entre sus prioridades principales.

Como ejemplo de ese escenario se menciona la reunión que mantuvieron los gobernadores del NOA hace poco más de 40 días en Tucumán, en la que le solicitaron a la ministra de Seguridad de la Nación la instalación de un sistema de radares para detectar vuelos clandestinos utilizados por el narcotráfico. Poco después se produjo el secuestro de los 470 kilos de cocaína que, según los indicios reunidos hasta el momento, habrían ingresado por vía aérea. A ello se sumó, la semana pasada, el hallazgo de una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito, Santa Fe, que los investigadores sospechan que pudo haber sido empleada para transportar estupefacientes.

Los especialistas sostienen que la posibilidad de que Tucumán se convierta en un centro de acopio de drogas se fortalece con el tiempo y que la situación exige una respuesta articulada de todos los poderes del Estado.

En paralelo surgieron repercusiones políticas. El ex legislador José Orellana cuestionó la cobertura periodística del secuestro de los 470 kilos de cocaína y opinó que no corresponde a los funcionarios municipales investigar si algún vecino está involucrado en actividades de narcotráfico. Distintos sectores, sin embargo, remarcaron que cualquier funcionario tiene la obligación de comunicar a las autoridades competentes cuando detecta situaciones irregulares o incrementos patrimoniales de difícil justificación.

Por su parte, los legisladores José Cano y Gerónimo Vargas Aignasse, que vienen advirtiendo sobre la expansión del narcotráfico en la provincia, coincidieron en la necesidad de reforzar las tareas de inteligencia criminal con equipos especializados en investigar a las organizaciones, sus conexiones y la evolución patrimonial y financiera de sus integrantes.

Los especialistas concluyen que no se requiere una estrategia inédita, sino aplicar herramientas que ya mostraron eficacia en otros países. Toda medida orientada a robustecer la inteligencia, la investigación patrimonial y la cooperación institucional, sostienen, puede ser determinante para contener el avance del narcotráfico y evitar que los indicadores de violencia e inseguridad sigan deteriorándose en Tucumán.