El juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu notificó formalmente a Cristina Fernández de Kirchner que su permanencia en prisión domiciliaria podría ser revocada si continúan las manifestaciones frente a su vivienda en el barrio porteño de Constitución.

La advertencia judicial, que invoca el artículo 34 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, surgió como respuesta a los incidentes ocurridos el pasado domingo 14 de junio en la calle San José al 1111, donde se registró una concentración con banderas, cortes en las arterias aledañas y aglomeración de personas.

El magistrado fundamentó su intimación en la participación activa de la ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista en la convocatoria a la protesta, luego de que colgara una bandera de grandes dimensiones que cruzaba la calle y se sostenía con cables entre su balcón y el edificio de enfrente.

La Justicia consideró que esa acción, sumada a las reiteradas manifestaciones y la instalación de estructuras en la vía pública, afecta la convivencia con los vecinos del barrio y viola las normas de comportamiento pacífico establecidas para el cumplimiento de la detención domiciliaria.

El tribunal también señaló que este tipo de intervenciones en el espacio público requieren autorizaciones previas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que los hechos ocurridos el domingo podrían encuadrarse en una contravención. La resolución judicial, firmada por Giménez Uriburu, le otorga al magistrado la potestad de disponer el traslado de la ex mandataria a una cárcel común en caso de que se registren nuevos incumplimientos injustificados, tal como lo habilita el artículo 34 de la ley mencionada.

La intimación formal establece que Cristina Kirchner deberá ajustarse rigurosamente a las condiciones de su arresto domiciliario, y la advertencia del juez implica un endurecimiento de la postura del tribunal frente a las actividades que alteran el orden público en el entorno de su residencia.

La situación genera expectativa sobre los próximos pasos de la ex presidenta y de sus seguidores, en un contexto donde la tensión entre el cumplimiento de la pena y la libertad de expresión en el espacio público se vuelve cada vez más compleja.