El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una garantía soberana por 550 millones de dólares para la Argentina, una herramienta que el Gobierno destinará a reforzar las políticas de seguridad y justicia y, en simultáneo, a obtener oxígeno financiero de cara al vencimiento de deuda por 4.300 millones de dólares que opera en julio próximo. La operación es la primera de este tipo que el organismo concede al país para acompañar reformas del sector.

Según el comunicado oficial del BID, la garantía “permitirá al país movilizar US$1.200 millones con financiamiento privado, contribuyendo a mejorar el acceso a los mercados internacionales de capital, en línea con los objetivos del plan de sostenibilidad fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”. La concreción del aval se da apenas dos meses después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, se reuniera en Washington con el titular del BID, Ilan Goldfajn, durante una gira en la que el banco había expresado su intención de apoyar al país.

“Esto nos permitirá refinanciar deuda más cara por deuda más barata, reduciendo el costo financiero para todos los argentinos”, manifestó en aquel momento el responsable del Palacio de Hacienda.

Los fondos respaldarán la puesta en marcha del programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (PROSEJUS), una batería de medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo que apunta a disminuir la impunidad de los delitos vinculados a organizaciones criminales. El proyecto se inscribe dentro de la Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo del propio BID y adopta un abordaje integral basado en resultados, orientado a robustecer las capacidades de las fuerzas federales de seguridad, la investigación criminal y los sistemas de inteligencia.

En la misma línea, el organismo detalló que la iniciativa “busca fortalecer la capacidad del sistema de seguridad y justicia del país para aumentar la efectividad de la persecución penal, la investigación criminal y la recuperación de activos de origen ilícito”. El BID estima que el costo directo del crimen y la violencia en la Argentina equivale al 3,9% del Producto Interno Bruto, por lo que la implementación del PROSEJUS —argumentó el banco— “contribuirá al crecimiento económico sostenible en Argentina, al reducir la impunidad y disminuir la criminalidad y la violencia asociadas al crimen organizado”, a la vez que “fortalecerá la confianza ciudadana en las instituciones públicas”.

La operación se conoce un día después de que el Banco Mundial confirmara un paquete de respaldo por 2.000 millones de dólares que también buscará apuntalar la agenda de reformas oficiales y restablecer el acceso del país a los mercados internacionales de capital. Con ambos avales, el equipo económico conduce una estrategia de cobertura que le garantiza los recursos para hacer frente a las obligaciones financieras inmediatas.

“El despliegue de estos avales internacionales le permite al equipo económico garantizar el cumplimiento de sus obligaciones financieras y mitigar los riesgos de refinanciación, transformando de manera positiva las condiciones crediticias de cara al próximo ciclo electoral”, analizó Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE.