A partir del próximo martes, los afiliados del PAMI enfrentarán un nuevo obstáculo para acceder a una consulta médica. Las clínicas y sanatorios representados por la Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS) anunciaron que ese día dejarán de asignar y entregar turnos para consultorios externos en todas las especialidades, como medida de presión frente al deterioro de los valores que perciben por las prestaciones y la acumulación de pagos no regularizados.

La comunicación oficial de la cámara advierte que las instituciones están al borde de la asfixia financiera. “Sin una recomposición urgente de los aranceles y la cancelación de las deudas, resulta imposible adquirir insumos elementales y sostener las obligaciones salariales y los honorarios profesionales”, indica el documento que llegó a la redacción de PERFIL. La entidad que preside Esteban Leguízamo mantenía contactos con los ejecutivos del sector desde hace días; incluso en el oficialismo reconocen que se abordó la gravedad del cuadro y se asumió el compromiso de explorar salidas.

El equipo económico de Luis Caputo quedó a cargo de intentar una actualización de las partidas para que las prestaciones no sufrieran un corte, pero esa señal todavía no se transformó en un anuncio que destrabe el conflicto.

La decisión de CAPRESS de dar a conocer el cronograma de medidas de fuerza busca, según explicaron, preservar una continuidad mínima de los servicios y, al mismo tiempo, advertir a los pacientes que las dificultades se agravarán. El impacto más inmediato recaerá sobre miles de jubilados y pensionados que verán demorado o directamente impedido el acceso a interconsultas, controles y derivaciones ambulatorias. En ese sentido, desde la cámara fueron contundentes: “Hacemos responsable al Estado nacional por el impacto sanitario que esta situación genera en los afiliados al PAMI”.

La suspensión de nuevos turnos constituye apenas la fase inicial de un esquema que podría escalar en las semanas siguientes. Los prestadores ya evalúan interrumpir la atención programada en consultorios externos, salvo el seguimiento de pacientes con patologías crónicas de alto riesgo. Además, advirtieron que podrían dejar de realizar cirugías y procedimientos que no revistan urgencia, una paralización que afectaría de lleno la capacidad de respuesta del sistema en todo el territorio nacional.

El enfrentamiento pone de manifiesto una tensión que se arrastra desde comienzos del año entre los efectores privados y la obra social más grande de la Argentina. Fuentes libertarias consultadas, que hablaron fuera de micrófono, admitieron que las cuentas de la gestión libertaria no cierran debido a nueve meses consecutivos de caída en la recaudación, una realidad que choca con el discurso oficial que proclama crecimiento económico y superávit fiscal. Ese desbalance, señalan, se traslada de manera directa al organismo que conduce Leguízamo, y explica la parálisis a la hora de actualizar los pagos a los prestadores.