El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) resolvió la exclusión de más de 1.500 prestadores de salud en todo el territorio nacional, tras una serie de auditorías internas que revelaron irregularidades graves. La medida, anunciada mediante un comunicado oficial difundido junto al Ministerio de Salud de la Nación, incluye además la presentación de dos nuevas denuncias penales por hechos de corrupción detectados en las provincias de Tucumán y Chaco. El director ejecutivo del organismo, Esteban Leguízamo, encabeza las acciones de fiscalización que vienen desarrollándose desde su asunción.

Las investigaciones internas identificaron tres tipos de incumplimientos recurrentes entre los prestadores dados de baja: por un lado, cobros indebidos y facturación de prestaciones que nunca se realizaron; por otro lado, condiciones edilicias de clínicas y consultorios que no cumplían con los protocolos de higiene y seguridad exigidos por el PAMI. “Los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud”, señaló el organismo en el texto oficial.

El caso de Tucumán: turnos cada sesenta segundos y documentación faltante

Dentro del paquete de sanciones se encuentra el expediente vinculado a Sanarte S.R.L., un policonsultorio ubicado en San Miguel de Tucumán que ofrecía múltiples especialidades y prácticas ambulatorias. La auditoría integral realizada por el PAMI detectó una batería de fallas que abarcaron desde cuestiones administrativas hasta violaciones de la normativa vigente sobre derechos del paciente.

Entre las observaciones más severas figuran la ausencia de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, con falta de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados. Los auditores también constataron demoras de hasta 21 días para acceder a turnos en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó directamente el acceso de los jubilados a las prestaciones.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue la modalidad de asignación de turnos: el establecimiento operaba bajo un sistema “por orden de llegada” que otorgaba citas cada un minuto. Los inspectores del organismo consideraron que esa práctica resultaba incompatible con una atención médica de calidad. A eso se sumó una cantidad significativa de consultas y estudios facturados al PAMI sin respaldo documental, historias clínicas sin firma ni sello profesional, y estudios médicos sin los informes correspondientes. El organismo subrayó que estas conductas violan la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.

El caso Chaco: rescisión contractual y denuncia penal contra un médico

La segunda causa penal se tramitó bajo el Expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP y tiene como imputado a un médico identificado como J.C., prestador perteneciente a la UGL XIII – Chaco del PAMI. Las actuaciones se originaron a partir de auditorías de las áreas técnicas del Instituto, que detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas.

El profesional investigado presentó descargos, pero el organismo los consideró insuficientes para revertir las observaciones. Según surge del expediente, las conductas detectadas afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI. En consecuencia, el Instituto aplicó sanciones administrativas y avanzó con la rescisión del contrato prestacional. La gravedad de los hechos llevó al PAMI a dar un paso adicional: promover una denuncia penal para que la Justicia determine si las irregularidades relevadas constituyen delitos. El caso contó con la intervención de equipos jurídicos, áreas técnicas y auditorías prestacionales de la UGL XIII – Chaco, y ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público Fiscal.

Un patrón de fraude que se viene investigando desde 2014

Ambos casos se inscriben en un proceso de fiscalización más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguízamo asumió la conducción del organismo. En noviembre de 2025, el INSSJP denunció ante la Justicia federal una estafa por miles de millones de pesos que operaba mediante órdenes médicas electrónicas (OME) falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados. Esas denuncias dieron origen a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones federales.

En febrero de 2026, nuevas auditorías enfocadas en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar. Un caso documentado mostró a un prestador con dos quirófanos que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas. Otro registro evidenció 689 órdenes médicas electrónicas emitidas en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera requerido una jornada de entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo.

Frente a ese escenario, el organismo implementó un esquema de control que incluye monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, uso obligatorio del turnero digital del PAMI, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores y penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados. Desde el Instituto aclararon que “auditar no significa perseguir” y garantizaron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el país. En abril de 2026, el Gobierno reforzó la estructura de control interno con la designación de la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General del PAMI.