La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitario y Recomposición del Salario Docente, tras rechazar la apelación presentada por el gobierno nacional. El fallo, dictado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, ratifica lo resuelto en diciembre pasado por el juez federal Enrique Cormick y exige el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795.

Esos artículos establecen la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas correspondiente al período comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 y septiembre de 2025, fecha de sanción de la norma. También contemplan la recomposición de todos los programas de becas estudiantiles.

En su resolución, los camaristas desestimaron los argumentos del Estado nacional, que había calificado la cautelar como una “sentencia definitiva encubierta”. Los jueces consideraron que esos agravios resultaban “poco serios” y subrayaron que el impacto fiscal de la medida es bajo, por lo que no se afecta sustancialmente el interés público. Por el contrario, destacaron que está en juego “un derecho central de la Constitución como la educación superior pública”.

La cautelar original fue dictada en diciembre de 2025 por el juez Cormick en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario, con el respaldo de más de 40 casas de altos estudios. En aquel momento, el magistrado calificó el Decreto 759/2025 —que había suspendido la ejecución de la ley y condicionado su aplicación a la existencia de recursos específicos— como una medida con rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”. También advirtió que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico” que afectaba el funcionamiento universitario.

El gobierno nacional había apelado la decisión argumentando que la ley requiere la definición previa de sus fuentes de financiamiento y la incorporación de las partidas correspondientes en el Presupuesto, una cuestión que, según sostuvo, compete al Congreso y no al Poder Judicial. También planteó posibles efectos sobre el equilibrio fiscal, un punto que la Cámara desestimó en su fallo.

El conflicto en torno al financiamiento universitario escaló durante 2024 y 2025 en medio de movilizaciones masivas. En octubre de 2024, una segunda Marcha Federal universitaria convocó a cientos de miles de personas en todo el país, y el 17 de septiembre de 2025 se repitió una nueva protesta bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, tras la decisión del Ejecutivo de vetar la ley que ya contaba con aprobación parlamentaria.

A mediados de 2025, la oposición había logrado sancionar la norma y sortear los vetos presidenciales, pero el gobierno dictó un decreto para impedir su ejecución. Ante este escenario, la estrategia oficial actual apunta a alcanzar un consenso político para una nueva ley que modifique el esquema de financiamiento sin derogarlo, con el objetivo de brindar recursos y seguridad jurídica a las universidades, según fuentes de la Secretaría de Educación.