El juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 3, Diego Amarante, dictó este lunes el procesamiento del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, junto al tesorero Pablo Toviggino y otros tres directivos, al considerarlos responsables de la retención y posterior falta de ingreso al fisco de tributos que, en conjunto, rondan los $19.300 millones correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025.

En un fallo de 140 carillas, el magistrado sostuvo que tanto Tapia como Toviggino tuvieron un rol decisivo en las maniobras, al contar con facultades de administración y representación que los convertían en garantes del correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad. Según la resolución, la omisión en el depósito de los montos retenidos fue “deliberada” y permitió que la institución contara con una “mayor disponibilidad de fondos” en el período investigado.

Responsabilidades diferenciadas

Para el juez, la posición de Tapia al frente de la AFA “magnifica su responsabilidad”, ya que no solo detenta la representación legal, sino que además ocupa un lugar central en la estructura de toma de decisiones. En sus consideraciones, Amarante destacó que el presidente de la entidad conocía el mecanismo de pagos y tenía constancia de los incumplimientos reiterados, a la vez que poseía la capacidad de definir prioridades en el uso de los recursos económicos de la asociación.

En cuanto a Toviggino, el fallo subraya que su firma aparecía en la totalidad de los cheques emitidos y que estaba habilitado para operar las cuentas bancarias y concretar transferencias. De acuerdo con el magistrado, esa injerencia directa en la administración de los fondos lo situaba en una posición determinante para garantizar o no el pago puntual de las obligaciones tributarias.

Además de los dos principales dirigentes, la resolución alcanza a Cristian Ariel Malaspina (actual secretario general), así como a los exdirectivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo. A todos ellos se les imputa el delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, con la agravante de haber actuado en el marco de una estructura organizativa conformada por más de dos personas.

Embargos y restricciones

Amarante trabó embargos por valor de $350 millones sobre los bienes de la AFA en calidad de persona jurídica, por considerarla responsable de un concurso real de delitos: apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 ocasiones, y apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades. El mismo monto de embargo recayó sobre los patrimonios de Tapia y Toviggino.

Si bien no se dispuso la prisión preventiva, los dos directivos quedaron sujetos a una serie de restricciones. No podrán ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas sin previa autorización judicial, tienen prohibido cambiar de residencia sin notificar al tribunal y deberán presentarse ante cada citación. Además, se mantuvo la prohibición de salir del país; cualquier viaje deberá ser informado con antelación y contar con el visto bueno del juzgado.

En el caso de Malaspina, Blanco Rodríguez y Lorenzo, se fijaron montos de embargo diferenciados y se les levantó la restricción para abandonar el territorio nacional.

El contexto económico de los incumplimientos

El magistrado enfatizó que, aunque la deuda total se encuentra actualmente regularizada o en proceso de estarlo, el delito se consuma cuando los importes retenidos no son ingresados al fisco dentro de los 30 días posteriores a su retención. En cada uno de los períodos de vencimiento, según la investigación, la AFA había recibido “significativas transferencias” de sus patrocinantes, lo que a juicio del juez evidenciaba una “amplia disponibilidad” de recursos para hacer frente a las obligaciones tributarias en tiempo y forma.

Próximos pasos

Las defensas de los acusados ya habían planteado la inexistencia de delito en presentaciones anteriores, un argumento que fue rechazado por Amarante y que se encuentra apelado ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico, instancia que aún no se expidió. La decisión de procesamiento dictada este lunes también puede ser recurrida y, en caso de quedar firme, abriría la puerta a la elevación de la causa a juicio oral.

El último de los indagatorios había tenido lugar el pasado 12 de marzo, cuando declaró Tapia. A partir de entonces se activaron los plazos procesales que culminaron con esta resolución. Durante las instancias de declaración, los implicados se acogieron a su derecho de no responder preguntas, tal como consta en el expediente.