Una obligación legal vigente desde hace más de dos décadas vuelve a poner a la Caja Popular de Ahorros (CPA) en el centro de la escena del control público. El Tribunal de Cuentas de Tucumán (TC) resolvió esta semana abrir una investigación formal para determinar por qué la entidad crediticia no transfirió al Fondo Provincial del Deporte el 1% mensual de los ingresos provenientes de los juegos de azar, tal como lo establece la Ley 6.982.

La decisión quedó plasmada en el Acuerdo N� 402, suscripto el 27 de febrero por las máximas autoridades del organismo de control: Miguel Chaibén Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal. La resolución ordena una comprobación sumaria que alcanza tanto a la CPA como a la Secretaría de Estado de Deportes, con el objetivo de determinar si hubo perjuicio fiscal y, en su caso, deslindar responsabilidades funcionales.

Los números de un incumplimiento prolongado

El informe técnico que motorizó la apertura del expediente revela una situación que, al menos en los papeles, la propia Caja tenía identificada. Según las actuaciones a las que accedió Tendencia de Noticias, la entidad reconoció contablemente una previsión de deuda por $78.409.447 al 30 de junio de 2024, correspondiente al período acumulado desde 2003, año en que entró en vigencia la normativa.

La particularidad del caso es que, pese a ese reconocimiento contable, nunca se registraron transferencias efectivas ni movimientos en la cuenta bancaria específica creada para albergar los recursos del deporte provincial. La Secretaría de Deportes, por su parte, admitió no haber recibido jamás fondos por ese concepto y carecer de registros de ingresos vinculados al 1% de los juegos.

Los argumentos de las partes bajo la lupa

Durante el análisis previo, desde la Caja Popular se esgrimieron distintas explicaciones para justificar la falta de giros: desde demoras en la operativización de la cuenta especial hasta indefiniciones sobre la base de cálculo para determinar el monto a transferir. Sin embargo, el Tribunal consideró esas justificaciones insuficientes frente a lo que calificó como una obligación "automática, imperativa y exigible".

El organismo de control fue contundente en su dictamen: la entidad no puede retener ni diferir esos fondos sin incurrir en violación al principio de legalidad y al régimen de administración financiera del Estado. La falta de coordinación entre ambos organismos, lejos de eximirlos, profundiza las responsabilidades compartidas.

Un antecedente que agrava el contexto

La investigación por los fondos destinados al deporte no es un hecho aislado en la relación entre el Tribunal de Cuentas y la anterior conducción de la Caja Popular. Durante 2024, el organismo ya había detectado incumplimientos similares respecto de las transferencias al Sistema Provincial de Salud (SIPROSA).

En aquella oportunidad, mediante el Acuerdo N� 2492, se constató una deuda superior a los $3.381 millones correspondiente al 25% del resultado bruto del sector juegos que debía afectarse al sistema sanitario entre 2020 y 2023. Ese caso derivó en un juicio de responsabilidad y en una investigación penal que continúa su curso en la Justicia provincial.

El factor político en la mira

La gestión bajo análisis en esta nueva investigación corresponde mayoritariamente al período en que la Caja Popular estuvo intervenida por José Díaz, dirigente cercano al diputado nacional Carlos Cisneros, referente de La Bancaria. Díaz fue desplazado del cargo el 23 de enero pasado por el gobernador Osvaldo Jaldo, en una decisión que implicó un recambio en la conducción de la entidad.

La apertura de la comprobación sumaria añade ahora una dimensión administrativa a ese recambio. Si durante la investigación se confirma la existencia de perjuicio fiscal y se individualizan responsabilidades, el caso podría tener derivaciones que trasciendan el ámbito contable para instalarse en el terreno de las consecuencias políticas y judiciales.

El Tribunal, por lo pronto, avanza en la recolección de pruebas y en el análisis de la documentación disponible, con el objetivo de determinar si hubo daño patrimonial al Estado y, en su caso, quiénes deberían responder por él.