La Dirección de Comercio Interior de Tucumán aplicó una multa de $5.505.913,40 a la empresa Galicia Seguros S.A.U. tras comprobarse que debitó tres seguros de vida sin consentimiento expreso y escrito a un jubilado municipal de la capital. La sanción se fundamenta en el artículo 35 de la Ley Nacional N� 24.240 de Defensa del Consumidor, que prohíbe expresamente el cobro de servicios no solicitados .

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por Lencina Arturo Washington, quien advirtió que desde su haber previsional se realizaban descuentos correspondientes a seguros que nunca había contratado. Durante el procedimiento administrativo quedó acreditado que la empresa no contaba con documentación firmada que respaldara la autorización del consumidor .

"El silencio no es aceptación"

El director de Comercio Interior, Manuel Canto, fue contundente al referirse a la práctica detectada. "El silencio no es aceptación, y es inadmisible imponer un servicio esperando que el usuario reclame para frenar un débito automático", afirmó .

De acuerdo con la Ley de Defensa del Consumidor, la carga de la prueba recae en la empresa, que debe acreditar mediante documentación firmada que el consumidor autorizó la contratación. Sin firma, no hay consentimiento válido. En este caso, la aseguradora no pudo demostrar que el jubilado hubiera aceptado los servicios que le estaban siendo facturados .

Recomendaciones para proteger a los adultos mayores

Canto, siguiendo los lineamientos del gobernador Osvaldo Jaldo, del ministro Regino Amado y del subsecretario Juan Carlos Bernard, instó especialmente a hijos, nietos y a quienes conviven con adultos mayores a revisar periódicamente recibos de sueldo, resúmenes de tarjetas y movimientos bancarios, verificando cada ítem debitado .

"Es fundamental controlar cada descuento. Muchas veces estos cargos pasan inadvertidos y afectan directamente el ingreso de nuestros jubilados", señalaron desde el organismo .

Ante la detección de cargos indebidos o seguros no contratados, el funcionario recomendó realizar la denuncia ante la Dirección de Comercio Interior para que el Estado intervenga y garantice el cumplimiento de la ley. "Con los jubilados no. En Tucumán la ley se cumple, y quien la viola pagará las consecuencias administrativas y jurídicas. Primero los tucumanos", cerró Canto .