La judicialización de los conflictos laborales marcó un hito histórico en 2025. Las demandas por accidentes y enfermedades del trabajo treparon a 134.141, la cifra más elevada desde la creación del sistema de riesgos del trabajo hace tres décadas. El aumento del 6,4% respecto de 2024 encendió las alarmas en el sector asegurador y reavivó el debate sobre la denominada "industria del juicio", uno de los ejes centrales de la reforma laboral que el Congreso se apresta a sancionar.

Una tasa que no encuentra techo

El índice de litigiosidad se ubicó en 132,8 casos por cada 10.000 trabajadores cubiertos por el sistema. La comparación internacional exhibe la dimensión del fenómeno: Argentina duplica largamente los niveles de litigiosidad de Chile (2.200% más) y multiplica por 15 la tasa de España. En términos diarios, significa que ingresan más de 350 nuevas demandas cada día hábil en los tribunales del país.

El mapa de las demandas

Tres distritos concentran el 73% de los juicios laborales: Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe. En esas jurisdicciones trabaja el 61% de la población asegurada, pero la proporción de demandas excede largamente ese peso relativo. San Luis, Santa Fe, Chubut, Mendoza y Jujuy encabezan, en ese orden, el ranking de provincias con mayor cantidad de juicios por cada 10.000 trabajadores.

La paradoja de la siniestralidad

El crecimiento exponencial de las demandas contrasta con la evolución de la siniestralidad laboral. Desde 1996, los accidentes de trabajo se redujeron un 55% y las muertes vinculadas al trabajo cayeron un 80%, lo que equivale a más de 19.000 vidas salvadas. La mejora en las condiciones de seguridad no encontró correlato en la litigiosidad, que siguió una curva ascendente.

El núcleo del problema según las aseguradoras

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) identificó al sistema de pericias médicas judiciales como el principal factor que alimenta la litigiosidad espuria. La ley 27.348, sancionada en 2017, estableció un mecanismo para ordenar y profesionalizar ese proceso, pero a casi nueve años de su vigencia la norma continúa sin aplicarse en la mayoría de las jurisdicciones.

"La Ley de Modernización Laboral es una nueva oportunidad para que las justicias provinciales cumplan con lo previsto en la norma", señalaron desde la cámara que agrupa a las aseguradoras, en referencia al proyecto que el oficialismo busca convertir en ley esta semana.

Correctivos provinciales

Dos provincias avanzaron por su cuenta en reformas parciales. Santa Fe inició durante 2025 el concurso para conformar su Cuerpo Médico Forense y la Corte Suprema provincial está próxima a designar tres peritos oficiales, un primer paso hacia la aplicación efectiva de la ley 27.348. La misma provincia mantiene un plazo de caducidad de dos años para iniciar acciones judiciales después del paso por las comisiones médicas, un término considerado excesivo por los especialistas.

Mendoza implementó hace dos años un sistema de auditoría de peritos judiciales que, aunque alcanza apenas al 2% de los casos, arrojó resultados elocuentes: el 90% de los dictámenes auditados fue corregido a la baja. El dato refuerza la tesis de que el viejo sistema de peritos que cobran en proporción al valor del juicio que ellos mismos dictaminan presenta fallas estructurales.

Tensión institucional y financiera

El aluvión de juicios empuja al sistema hacia un escenario de tensión creciente. Las aseguradoras advierten que la sustentabilidad financiera del modelo está en riesgo si no se introducen correctivos que descompriman la litigiosidad. El debate parlamentario de esta semana definirá si la reforma laboral logra traducirse en una reducción efectiva de las demandas o si, como ocurrió con la ley 27.348, las normas se topan con la resistencia de los sistemas judiciales provinciales.