Una trama de vigilancia masiva, tecnología de microlocalización y acuerdos con empresas ligadas a la industria de defensa israelí quedó al descubierto tras la desclasificación de documentos que vinculan al financista estadounidense Jeffrey Epstein con un proyecto de seguridad urbana que incluyó a la Ciudad de Buenos Aires en 2014. Los archivos revelan que el empresario, fallecido en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores, fue inversor clave de Reporty Homeland Security, una firma que proponía convertir teléfonos inteligentes en sensores capaces de monitorear movimientos incluso dentro de edificios.

La información fue expuesta por la periodista Camila Dolabjian en su programa de Radio Rivadavia, donde detalló el contenido de intercambios confidenciales, reportes técnicos y planes de negocios enviados a Epstein en su carácter de inversor. "Los archivos de Epstein no solo revelaron detalles escabrosos de su red delictiva, sino también los vínculos y negocios de la élite mundial que, según sus propias palabras, podían rondar lo ilegal", afirmó la periodista.

Los vínculos de Reporty con el poder israelí

Según la investigación, en 2014 Epstein se convirtió en uno de los principales inversores de Reporty Homeland Security, una compañía fundada por exfuncionarios y exagentes de las Fuerzas de Defensa de Israel y vinculada a sectores del poder político de ese país. Entre los nombres mencionados en la documentación figura el ex primer ministro israelí Ehud Barak, quien integró la conducción de la empresa.

Reporty se presentaba públicamente como una herramienta para "salvar vidas" mediante una aplicación móvil que permitía a ciudadanos y gobiernos reportar emergencias. Sin embargo, en documentos técnicos confidenciales enviados a Epstein, la propia compañía reconocía el potencial de vigilancia masiva del sistema. La aplicación estaba diseñada para realizar controles de posición incluso cuando el usuario no la utilizaba activamente y para desarrollar mapas de interiores con una precisión inferior a un metro.

El potencial de vigilancia masiva

"En lo que respecta al video, no estamos dando a las personas la oportunidad de compartirlo en redes sociales. Cuando alguien realiza un reporte, lo enviamos automáticamente al Centro de Comando y Control pertinente y eso es todo", señalaba un documento interno. Y agregaba: "Con Reporty, las autoridades tienen el poder de controlar a la masa en la red social".

Los archivos también describen la ambición de recolectar datos de movimientos en espacios cerrados las 24 horas del día, información que la empresa calificaba como "invaluable" para su monetización con redes sociales y agencias de publicidad. En los intercambios se advertía sobre los posibles conflictos legales por invasión a la privacidad y se planteaba la necesidad de contratar "los mejores abogados" en cada país donde se implementara el sistema.

El vínculo con Buenos Aires

En ese contexto aparece la Argentina. En un reporte confidencial de 2014 enviado a Epstein, bajo el subtítulo "Argentina (Buenos Aires)", la compañía consignaba: "Se espera que Mer Group termine la instalación de cámaras, observación y sistemas de inteligencia en Buenos Aires este año para el enorme proyecto de Ciudad Segura". La referencia apuntaba a la empresa Mer Group, que por entonces desarrollaba proyectos de seguridad en distintos países.

Un video institucional publicado en 2017 por Mer Group aludía al "Proyecto Buenos Aires Ciudad Segura" implementado por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Seguridad. Allí se describía la instalación de 100 cámaras de alta definición para patrullaje virtual, un centro de comando y control, cinco centros regionales de monitoreo, patrulleros tecnológicos con reconocimiento automático de patentes y 500 kilómetros de red de fibra óptica.

"Gracias al proyecto Buenos Aires Ciudad Segura, la ciudad se suma a las más desarrolladas del mundo en sistemas de seguridad pública", señalaba la pieza audiovisual, que incluía imágenes de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Dificultades para acceder a la información

La investigación indica que, en 2014, la Policía Federal -dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación- estaba a cargo del despliegue de estas tecnologías en la Ciudad. Las licitaciones de esa etapa no se encuentran digitalizadas y los pedidos de acceso a la información presentan demoras, según se explicó en el informe periodístico.

Reporty cambió de nombre en 2018, en paralelo con la reactivación de la causa judicial contra Epstein. Parte de la documentación salió a la luz a partir del trabajo de la periodista estadounidense Julie K. Brown, del diario Miami Herald, quien impulsó nuevas investigaciones sobre el financista y accedió a expedientes que permanecían archivados.

"Si esa investigación no se reactivaba, probablemente no estaríamos hablando hoy de estos documentos", sostuvo Dolabjian. Y concluyó: "Lo que muestran los archivos es la intención de implementar sistemas de observación e inteligencia que, en aquel momento, generaban una fuerte discusión sobre los límites legales y el derecho a la privacidad".

Los documentos, ahora analizados en detalle, exponen cómo bajo la promesa de mejorar la seguridad urbana se diseñaron esquemas tecnológicos con capacidad de monitoreo masivo, en una etapa en la que la regulación sobre reconocimiento facial, geolocalización y tratamiento de datos personales todavía estaba en pleno debate a nivel internacional.