La investigación judicial por los bienes de las máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) derivó en la apertura de un nuevo frente penal en los tribunales federales de Comodoro Py. La Fundación Apolo formalizó una denuncia por el presunto delito de encubrimiento, alegando que se frustraron medidas de prueba ordenadas en el expediente principal.

La presentación, patrocinada por los abogados Ignacio Falcón y Nicolás Silvera, solicita investigar la posible responsabilidad penal de “funcionarios públicos aún no identificados” del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal o las fuerzas de seguridad. La hipótesis central es que habrían filtrado información reservada sobre un allanamiento inminente. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

El núcleo de la denuncia: un traslado nocturno y una falla técnica

La denuncia se centra en los sucesos ocurridos en una propiedad de Villa Rosa, partido de Pilar, que está bajo investigación en la causa principal. Según el texto, en la noche previa a un allanamiento ordenado por la Justicia, se registró la remoción y traslado de 14 caballos que se alojaban en el lugar.

El escrito destaca un hecho simultáneo que fundamenta la sospecha: al momento del traslado, el sistema de videovigilancia de la zona registró un “desperfecto técnico”. Esta falla dejó fuera de servicio a las cámaras en la franja horaria crítica, impidiendo identificar los vehículos y las personas involucradas.

Según la información del expediente, los equinos habrían sido trasladados primero a un stud y luego a una propiedad de grandes dimensiones perteneciente a un dirigente político del conurbano bonaerense, cuya identidad no fue precisada.

La hipótesis de la filtración y el delito de encubrimiento

Los denunciantes sostienen que la secuencia temporal de los hechos constituye un indicio vehemente de un aviso previo. Para la Fundación Apolo, el conocimiento anticipado de la diligencia judicial “solo puede explicarse por la intervención de funcionarios con acceso a ese tipo de datos”.

En virtud de estos elementos, la presentación encuadra los hechos en el delito de encubrimiento (artículo 277 del Código Penal) y solicita al juez que evalúe los agravantes por tratarse de un posible funcionario público que se valió de su cargo.

Medidas solicitadas

La entidad solicitó una “investigación penal exhaustiva” para individualizar a los autores de las presuntas filtraciones, mediante el relevamiento de comunicaciones y la citación de testigos. Los firmantes recordaron que esta presentación se suma a otras denuncias anteriores donde ya se habían advertido posibles irregularidades procesales en la causa que involucra a la cúpula de la AFA.