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POLITICA

23 de enero de 2026

Tras el crimen de Jeremías Monzón, el Gobierno debate acelerar la baja de imputabilidad a 14 años

Fuentes oficiales revelan una puja interna por tratar la reforma en sesiones extraordinarias. El proyecto, que ya tuvo dictamen, busca juzgar a menores desde los 14 años.

El asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años en Santa Fe, reavivó en el Gobierno el debate interno sobre la urgencia de bajar la edad de imputabilidad penal, actualmente fijada en 16 años. Dos de los tres menores vinculados al crimen, de 14 años, están en libertad por no ser punibles.

Fuentes oficiales confirmaron que, si bien la reforma que reduce la edad a 14 años está incluida en el proyecto de modificación del Código Penal, existe una división sobre cuándo debe tratarse. Algunos integrantes de la mesa de conducción política buscan incorporarla al temario de sesiones extraordinarias que comienzan el 2 de febrero, mientras otros prefieren abordarla en marzo, dentro de la reforma integral.

“Yo la quiero impulsar ahora”, afirmó una fuente de la llamada “mesa chica” presidencial. Otra señaló que el tema, que ya tuvo dictamen en Diputados en 2025 pero perdió estado parlamentario, “podría tenerlo inmediatamente” y será discutido en la reunión del lunes en Casa Rosada.

Una tercera fuente, sin embargo, puso paños fríos: “La reforma de la baja de imputabilidad está contemplada dentro de la reforma que estamos terminando”, indicando que su tratamiento sería parte de un paquete más amplio.

Contenido del proyecto consensuado

La iniciativa que obtuvo dictamen el año pasado establecía la imputabilidad desde los 14 años, garantizando todos los derechos del sistema penal acusatorio para los adolescentes. Estipulaba penas máximas de 15 años de prisión, con alojamiento en institutos especiales separados de adultos, y la obligación de no interrumpir los estudios de los jóvenes procesados.

El Gobierno nacional había decidido no incluir esta reforma en el decreto de convocatoria a extraordinarias, priorizando otros proyectos. La discusión se reabre ahora a raíz del caso de Santa Fe, en un contexto donde la reforma integral del Código Penal —que pasó por una etapa técnica y otra de revisión política— aún no tiene texto definitivo.

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