Una polémica se desató en la capital tucumana luego de que el concejal radical Leandro Argañaraz cuestionara públicamente la reciente ordenanza municipal que declara de interés turístico la promoción y venta de la achilata, y anunciara un proyecto para derogar parcialmente su texto. El edil cargó contra la norma y contra el secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (SIVARA), Roberto Quiroga.

Argañaraz presentó una iniciativa para derogar específicamente los artículos que, según su interpretación, habilitan al SIVARA a determinar quiénes serán los vendedores ambulantes y al municipio a fijar los puntos de venta, con la obligación de que los comerciantes se inscriban como monotributistas. “Esta ordenanza es injusta y hay que decirlo. No defiende a los trabajadores, los condiciona. No ordena, excluye", afirmó el concejal.

Acusaciones de un "modelo feudal" y defensa de los trabajadores

En sus declaraciones, Argañaraz aseguró que la ordenanza 5507 favorece únicamente a un sector específico, el SIVARA, en perjuicio de los vendedores independientes. "Mi obligación como concejal es marcar cuando una norma perjudica a quienes viven de su trabajo y favorece a estructuras que concentran poder", sostuvo.

El edil radical se definió a favor de "los achilateros, pralineteros, vendedores de algodón de azúcar y pochocleros", y acusó al esquema regulatorio de transformar a "sindicalistas en señores feudales modernos, que hacen negocio con la vulnerabilidad de trabajadores". Denunció que las exigencias de la norma, como costos fijos e inversiones, podrían "empujar fuera de la actividad" a muchos trabajadores, dejando a familias sin sustento.

La réplica del sindicato y el fondo del conflicto

La posición de Argañaraz surge como respuesta a cuestionamientos previos del sindicalista Roberto Quiroga, quien había acusado al concejal de mentir "descaradamente" al afirmar que los puntos de venta designados cambiarían el mapa comercial de la ciudad.

El conflicto se centra en el alcance de la regulación municipal sobre la venta ambulante de un producto típico. Mientras el concejal argumenta que la norma genera exclusión y un monopolio sindical, desde el SIVARA se defiende la ordenanza como un marco de ordenamiento y protección para el sector. El proyecto de derogación parcial ingresará al Concejo Deliberante para su debate.