El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dispuso un cambio en la conducción de la Caja Popular de Ahorros (CPA), designando nuevos interventores y reordenando el mapa interno del oficialismo provincial. Este viernes asumirán al frente de la entidad financiera estatal el contador Guillermo Norry como interventor y el abogado Antonio Bustamante como subinterventor, en reemplazo de José Díaz y Darío Amatti.

Los funcionarios salientes fueron notificados este jueves por el ministro de Economía, Daniel Abad. Tanto Díaz como Amatti estaban vinculados al diputado nacional Carlos Cisneros y al gremio bancario, por lo que su desplazamiento generó un impacto inmediato en la interna del peronismo tucumano.

La determinación fue adoptada por Jaldo un día después de haberse reintegrado a sus funciones al frente del Poder Ejecutivo. Si bien trascendió que los posibles cambios habían sido conversados con Cisneros hacia fines del año pasado, la medida elevó la tensión política dentro del espacio oficialista.

Los nuevos responsables y el contexto político

Los nuevos interventores responden directamente al ministro del Interior provincial, Darío Monteros. Guillermo Norry fue interventor del municipio de Alberdi durante 2025, mientras que Antonio Bustamante presidió el Colegio de Abogados y se desempeñó como asesor en la comuna de Banda del Río Salí.

El movimiento se produce en un contexto marcado por declaraciones públicas del gobernador tras su regreso de las vacaciones. En una conferencia de prensa, Jaldo expresó: “Debo reconocer y agradecer a la prensa local... No así algunos medios nacionales, que son motivados, incentivados por personajes de esta querida provincia de Tucumán, que muy poco tiempo se va a conocer”. Sus palabras se dieron en medio de versiones sobre campañas de desgaste amplificadas en medios nacionales con origen en actores políticos tucumanos.

Con el recambio dispuesto, la conducción de la Caja Popular quedó en manos de funcionarios alineados directamente con el Ejecutivo provincial y por fuera de la estructura que respondía al diputado Cisneros. La decisión consolida un giro en el control político del organismo financiero estatal y reactiva la interna oficialista en un momento de sensibilidad por el manejo de recursos y la disputa por el poder interno.