El Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT) inició formalmente el procedimiento para licitar el paquete accionario mayoritario de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán Sociedad Anónima (EDET SA). La medida se da en un contexto de fuertes críticas a la calidad del servicio y de un debate abierto sobre el nuevo régimen tarifario para el próximo quinquenio.

La Resolución N° 06/26-ERSEPT, firmada por el interventor Ricardo Ascárate el pasado 9 de enero, dispone el llamado a una licitación pública nacional e internacional para la venta del total de las acciones Clase “A” de la distribuidora. Este paso es obligatorio al concluir el primer período de gestión de 20 años de la concesión, según lo establecido por la Ley N° 6.608 y el contrato original.

El proceso licitatorio contempla, tal como prevé el artículo 7° del Contrato de Concesión, que el Poder Ejecutivo provincial pueda otorgar “alguna preferencia razonable” a los titulares actuales del paquete accionario, siempre que se verifique que el servicio fue prestado “en forma satisfactoria” durante el período que finaliza. Sin embargo, este posible beneficio para los concesionarios actuales ha sido objeto de severas objeciones.

Durante la audiencia pública convocada por el ERSEPT la semana pasada para debatir el esquema tarifario 2025-2030, la Defensoría del Pueblo y asociaciones de consumidores presentaron un extenso listado de reclamos. Denunciaron interrupciones frecuentes, baja tensión crónica en el interior provincial y un servicio general deficiente, poniendo en duda el cumplimiento del criterio de “prestación satisfactoria” necesario para acceder a la preferencia.

Fundamentos legales y cronograma acelerado

La resolución del ERSEPT fundamenta el llamado en una serie de normas. Cita que, conforme al artículo 11° de la Ley N° 6.608, la concesión de 90 años se subdivide en períodos, siendo el primero de 20 años, al fin del cual debe realizarse la oferta pública del paquete accionario mayoritario. Además, invoca la Ley N° 9.913 del 19 de septiembre de 2025, que estableció como fecha límite para este llamado el 13 de enero de 2026.

El Artículo 1° de la resolución dispone formalmente el inicio del procedimiento para licitar las acciones que aseguran el control de EDET SA. Asimismo, solicita al Poder Ejecutivo y a la Legislatura provincial los instrumentos legales necesarios para confeccionar los pliegos licitatorios, los cuales deberán contar con el dictamen de la Fiscalía de Estado e incluir la posibilidad de la cláusula de preferencia.

Un debate en dos frentes: inversiones versus deficiencias

La audiencia pública del lunes pasado expuso la profunda división existente. Por un lado, EDET y sus consultoras defendieron la necesidad de ajustes tarifarios. Ernesto San Miguel, gerente general de la empresa, expuso inversiones por $147.435 millones en el período 2020-2025 y propuso $220.000 millones más para el próximo quinquenio, argumentando un crecimiento del 30% en la demanda.

La consultora BA Energy Solutions, contratada por EDET, calculó un requerimiento de ingresos anuales de $330.224 millones para el próximo período, basándose en un modelo que considera pérdidas técnicas “eficientes” del 11.1%.

Por otro lado, los críticos presentaron un panorama opuesto. El Defensor del Pueblo, Eduardo Cobos, calificó el servicio en el interior como “pésimo” y presentó más de 10.000 reclamos. Cuestionó las multas aplicadas por el ERSEPT (por $1.000 millones) por considerarlas insuficientes.

Representantes de asociaciones de consumidores denunciaron problemas como postes caídos, mediciones de apenas 172 voltios en algunas localidades, y un diseño tarifario que, según ellos, no premia el ahorro. También alertaron sobre el impacto de las facturas en los sectores más vulnerables y cuestionaron la inclusión de tasas municipales en la boleta.

Ante las posiciones enfrentadas, el interventor del ERSEPT, Ricardo Ascárate, aseguró que todas las opiniones serán analizadas para elaborar un cuadro tarifario “justo y razonable”, cuya resolución podría emitirse en un plazo de dos meses. Este debate define el escenario en el que se evaluará la “prestación satisfactoria” de EDET, un concepto clave que influirá directamente en las condiciones de la próxima licitación de la empresa.