POLITICA
19 de noviembre de 2025
Dante Loza desmiente denuncia por contrataciones a empresa familiar en el IPLA

El interventor del organismo negó que su hermano haya sido proveedor durante su gestión y presentó documentación que adjudica los servicios a otra empresa. La respuesta surge tras acusaciones del legislador José Seleme.
El titular del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), Dante Loza, rechazó formalmente las acusaciones de nepotismo realizadas por el legislador radical José Seleme, quien afirmó que el organismo había contratado servicios de imprenta a una empresa familiar.
A través de un comunicado público, Loza negó que algún familiar suyo haya actuado como proveedor del IPLA desde que asumió como interventor en octubre de 2023. El funcionario aseguró que durante su gestión se mantuvieron los mismos proveedores de imprenta anteriores y que todas las contrataciones se realizaron mediante presupuestos comparativos, adjudicándose siempre al mejor precio disponible.
“No se adjudicó en ningún momento una orden de compra a la firma Gráfica Loza de Ariel Marcelo Loza”, expuso el titular del IPLA, aclarando que su hermano nunca fue proveedor del organismo, ni siquiera con anterioridad a su gestión. Como respaldo documental, adjuntó la Resolución 3068/A80-2024 del 16 de diciembre de 2024, donde la Dirección de Administración recomendó contratar a la empresa Todolandia SRL por presentar un precio más bajo, de aproximadamente $660.000, para la impresión de 140 talonarios de recibos.
La negativa oficial responde a la denuncia pública del legislador Seleme, quien bajo el título “Todo queda en familia” acusó al interventor de utilizar el organismo para “sostener el negocio familiar” y reiteró su pedido de cierre definitivo del IPLA. El parlamentario había acompañado sus afirmaciones con una imagen de un documento que, según afirmó, habría sido impreso en la gráfica vinculada a Loza.
Esta controversia se produce en el marco de movilizaciones impulsadas por el legislador opositor junto a comerciantes, pymes y trabajadores autoconvocados, quienes denuncian al IPLA como un “sistema recaudatorio, persecutorio y sin transparencia”.









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