El interventor de la Caja Popular de Ahorros (CPA), José César Díaz, realizó una defensa exhaustiva de la gestión del organismo ante las actuaciones del Tribunal de Cuentas que derivaron en una denuncia penal, asegurando que son víctimas de "embates arbitrarios y abusivos" impulsados por el presidente del organismo de control, Miguel Chaiben Terraf.

En conferencia de prensa, Díaz atribuyó las investigaciones a una "enemistad manifiesta" que se remonta a varios años, originada en un sumario que involucró a un familiar de Chaiben Terraf. "Tenemos entre 60 y 70 sumarios iniciados contra la Caja Popular. ¿Les parece normal?", cuestionó el interventor, quien destacó que el organismo es "el único de la provincia que trabaja con normas ISO, auditoría externa y contabilidad con partida doble".

El Tribunal de Cuentas investiga dos casos específicos: la entrega de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social a la CPA durante 2023, y presuntas anomalías en el cálculo de aportes al Sistema Provincial de Salud (Siprosa). Sobre el primer punto, Díaz reconoció no poder precisar el destino específico de la mercadería, pero defendió la legalidad del procedimiento, explicando que era un mecanismo de años solicitado por el propio Ministerio. "¿Ustedes me ven llevándome bolsones? Es ridículo", ironizó.

Respecto a los aportes al Siprosa, Díaz calificó como "torpeza mayúscula" el cálculo de una deuda de $3.350 millones, argumentando que el TC utilizó metodologías incorrectas al no restar los gastos del juego y mezclar conceptos. "Ese período ya estaba aprobado por la Legislatura y sus balances también", afirmó.

Consultado sobre si la mercadería pudo tener fines políticos en año electoral, Díaz fue categórico: "La Caja Popular no obedece a fines políticos partidarios". También negó vínculos con dirigentes mencionados en trascendidos mediáticos y aseguró que no ha recibido pedidos de renuncia del gobernador Osvaldo Jaldo.

El interventor confirmó que ya realizó las presentaciones judiciales correspondientes y se puso a disposición de la Justicia, manteniendo que la Caja actuó siempre "en cumplimiento de la ley" y no tiene "nada que esconder".