La Justicia Federal de Tucumán avanza en la investigación de una presunta asociación ilícita tributaria que habría operado durante más de una década a través de un entramado de sociedades para evadir impuestos, apropiarse de aportes previsionales de trabajadores del Ingenio La Trinidad y vaciar empresas del grupo económico vinculado a la explotación azucarera. El Ministerio Público Fiscal sostiene que los imputados podrían recibir penas que van de tres años y medio a diez años de prisión.

La investigación se originó a partir de fiscalizaciones de AFIP y procedimientos penales que evidenciaron la rotación sucesiva de empresas que asumían la explotación del ingenio, quedaban sin actividad ni patrimonio y dejaban impagos impuestos, aportes previsionales y obligaciones laborales. Según el dictamen fiscal, el grupo habría operado a través de firmas como Mijasi SRL, Azucarera del Sur SRL, Anzuc SRL, el Fideicomiso Azúcares del Tucumán y Los Chaguares SA.

Los fiscales identificaron como imputados a Ricardo Sixto Ansonnaud –considerado organizador del esquema–, a Fabio Enrique Seoane –señalado como responsable operativo–, a dos empleados y a un hombre fallecido recientemente. En el caso de Los Chaguares SA, se detectaron más de $93 millones en impuestos evadidos durante 2017 y más de $109 millones en 2018, además de importantes volúmenes de aportes previsionales no ingresados entre 2017 y 2019.

El dictamen también acusa maniobras como la ocultación de la realidad económica del ingenio, la omisión maliciosa de declaraciones juradas, el registro de créditos fiscales inexistentes y la utilización de socios sin capacidad económica. La Procelac intervino para analizar la estructura del grupo y el eventual diseño de mecanismos de lavado y vaciamiento.

La defensa y los planteos de nulidad

La causa tomó un giro tras las declaraciones del abogado defensor Arnaldo Ahumada, representante de Ansonnaud y de parte de las empresas investigadas. El letrado afirmó que su cliente "no debe absolutamente nada", porque todas sus obligaciones se encuentran acogidas a un plan de moratoria y blanqueo vigente desde hace tres años, aprobado con conformidad tanto del Ministerio Público Fiscal como de ARCA. Por ello planteó la nulidad de la indagatoria y calificó la acusación como "absurda" y "escandalosa".

Ahumada cuestionó que el Estado continúe percibiendo pagos de la moratoria mientras avanza una acusación por asociación ilícita: "Si me dicen que formo parte de una organización criminal, no deberían seguir cobrándome. Están recibiendo los beneficios de lo que dicen que es delito". El abogado incluso insinuó motivaciones internas en la fiscalía, vinculadas a la necesidad de justificar recursos tras la reducción de causas de lesa humanidad.

La defensa advirtió que esta contradicción "mina la seguridad jurídica" y criticó que, pese a la suspensión penal dispuesta en su momento, ahora se avance con nuevas imputaciones.

Con todos los acusados ya indagados, la Justicia deberá resolver en las próximas semanas si dicta el procesamiento y avanza hacia una etapa más profunda del expediente, o si hace lugar a los planteos de la defensa. El caso se perfila como un antecedente relevante dentro de los delitos económicos vinculados al sector azucarero.