El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán resolvió abrir un Juicio de Responsabilidad por un presunto daño patrimonial al Estado de $26.791.604,22, derivado de entregas irregulares de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) a la Caja Popular de Ahorros – ART (CPA) durante el año 2023.

La decisión fue adoptada mediante el Acuerdo N.º 5140, fechado el 10 de noviembre de 2025, y firmado por los vocales C.P.N. Miguel Chaiben Terraf, Dr. Sergio Miguel Díaz Ricci y C.P.N. Marcelo Vidal.

El origen: una auditoría que detectó 12 órdenes de entrega sin respaldo legal

La investigación se inició tras una auditoría ordenada por la Jefatura del Departamento de Contadores Fiscales, que detectó 12 Órdenes de Autorización (ODA) emitidas por el Ministerio de Desarrollo Social durante 2023, todas con la Caja Popular de Ahorros – ART como beneficiaria formal.

Las órdenes correspondían a subsidios en especie —mercadería, chapas, mesas, sillas y cuchetas— y fueron autorizadas por la entonces ministra Lorena Luz María Málaga Barros Sosa.

Sin embargo, el Tribunal comprobó que no existía convenio vigente ni resolución administrativa que habilitara a la Caja Popular a actuar como receptora ni intermediaria de subsidios del MDS.

De acuerdo con el Decreto N.º 2348/4-MDS-2010, los subsidios sociales solo pueden otorgarse a personas en situación de vulnerabilidad, entidades privadas o entes públicos no estatales. La Caja Popular, por su naturaleza de ente autárquico del Estado provincial, no se encuentra dentro de esas categorías.

Un circuito irregular y sin trazabilidad

El expediente reconstruye el siguiente procedimiento:

1. Presentación de una nota de pedido ante el Ministerio de Desarrollo Social.

2. Autorización ministerial y emisión de la Orden de Autorización.

3. Designación de una persona habilitada para retirar los bienes.

4. Entrega de la mercadería desde los depósitos del Ministerio o del proveedor privado Hacha de Piedra S.R.L.

La auditoría determinó que no se hallaron en los expedientes las notas de pedido de los beneficiarios finales, ni documentación que acredite el destino social de los bienes entregados.

Los registros muestran que las mercaderías fueron retiradas por funcionarios y empleados de la Caja Popular, o por personas autorizadas por éstos, sin constancia de que los productos hayan llegado a familias o instituciones en situación de vulnerabilidad.

Los funcionarios y agentes involucrados

El Acuerdo N.º 5140 dispone la apertura del Juicio de Responsabilidad contra ocho personas:

1. Lorena Luz María Málaga Barros Sosa (ex ministra de Desarrollo Social): firmó las 12 Órdenes de Autorización a favor de la CPA sin respaldo normativo ni programa específico.

2. José César Díaz (interventor de la Caja Popular de Ahorros): recibió mercadería y emitió notas de autorización para que otros retiraran los bienes.

3. Hugo Guillermo Ledesma (subinterventor de la CPA en 2023 y actual legislador provincial): fue autorizado a recibir mercadería y designó a terceros para el retiro.

4. Jorge Alberto Garay (agente de la CPA): figuró como receptor de varias órdenes y autorizó a empleados y particulares para el retiro.

5. Flavio Gerardo Corres (empleado de la CPA): retiró mercadería en nombre de otros y también fue beneficiario de órdenes directas.

6. Luis Enrique Carranza, Carlos Emilio Nallib Budeguer y Julio Bernardo Naser (particulares intervinientes): participaron en distintos retiros de mercadería consignada a la CPA.

El Tribunal precisó que todos ellos aparecen en las Órdenes de Autorización o en los remitos de entrega como intervinientes en el proceso. En la mayoría de los casos, los citados no prestaron declaración informativa durante la instrucción, y la Caja Popular tampoco respondió institucionalmente a los requerimientos formales del organismo de control.

El monto del perjuicio y las normas aplicadas

La Co-Instructora Contable del proceso estimó el presunto perjuicio patrimonial en $26.791.604,22, monto actualizado al 31 de enero de 2025.

El cálculo se realizó tomando como base las facturas y remitos de los proveedores y actualizando los valores mediante la tasa activa promedio del Banco Nación.

El Tribunal encuadró los hechos en los artículos 121, 129, 151, 154 y 155 de la Ley N.º 6970 (Ley de Administración Financiera), que prevén la responsabilidad de funcionarios y terceros que intervengan indebidamente en la administración de bienes públicos y facultan al organismo a iniciar Juicios de Responsabilidad.

Resolución del Acuerdo N.º 5140

El Tribunal de Cuentas resolvió:

• Dar por concluida la Comprobación Sumaria que se había iniciado en 2024 (Acuerdo N.º 4644).
• Iniciar Juicio de Responsabilidad contra los ocho involucrados mencionados.
• Designar como Instructor al Dr. Alejandro Salas Oroño (Abogado Fiscal) y como Co-Instructor Contable al C.P.N. Roger Valor.
• Poner en conocimiento del Ministerio Público Fiscal los antecedentes del caso por presunta malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público.
• Notificar a la Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán, a la Honorable Legislatura de la Provincia (por la condición de legislador de Ledesma) y al Poder Ejecutivo provincial.

Alcance institucional y consecuencias

La apertura del Juicio de Responsabilidad no implica una sanción inmediata, pero abre un proceso para determinar si los bienes fueron indebidamente entregados y si existió perjuicio económico para el Estado.

El monto de $26,8 millones representa el valor actualizado de la mercadería cuya entrega no pudo ser justificada ante los organismos de control.

En paralelo, la intervención del Ministerio Público Fiscal podría derivar en una causa penal si se verifican los delitos mencionados en el acta: incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

El caso reviste relevancia institucional porque involucra a autoridades del Poder Ejecutivo de la gestión 2023 y al actual legislador provincial Hugo Ledesma, lo que implica que las actuaciones también fueron remitidas a la Legislatura para su conocimiento.